En un reciente pronunciamiento, el dirigente opositor Juan Pablo Guanipa, conocido por su cercanía a la líder opositora María Corina Machado, ha arremetido contra el nuevo fiscal general de Venezuela, Larry Devoe. Guanipa lo señala como "cómplice" del régimen chavista, aduciendo que su trayectoria está marcada por la defensa de las atrocidades cometidas por el gobierno de Nicolás Maduro. Esta acusación se produce en un contexto de creciente preocupación por la situación de los derechos humanos en el país, donde la represión y la violencia han dejado un saldo trágico en la población.

Guanipa publicó un video en la plataforma X, donde expone sus argumentos en contra de Devoe, quien fue nombrado fiscal general por un Parlamento controlado por el chavismo. En su discurso, el opositor recordó que en 2014, Devoe ocupó el cargo de secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, donde, según Guanipa, falló en su deber de proteger a los ciudadanos. Durante ese periodo, miles de venezolanos sufrieron torturas y abusos por parte del régimen, y el nuevo fiscal no solo no intervino, sino que también se burló de los afectados.

Además, Guanipa recordó que durante las protestas de 2014 y 2017, Devoe mantuvo un silencio cómplice ante los asesinatos de manifestantes. Este silencio, considera el opositor, refleja una falta de compromiso con la defensa de los derechos humanos en un momento crítico para la nación. Las palabras de Guanipa resuenan en un país donde la impunidad y la represión se han vuelto moneda corriente, y donde la comunidad internacional observa con preocupación la situación de los derechos fundamentales.

El líder opositor también hizo mención de un episodio específico en 2019, cuando Devoe impidió el ingreso de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al país, obstruyendo así la posibilidad de que se documentaran las violaciones a los derechos humanos perpetradas por el gobierno. Este hecho se suma a una serie de decisiones que, según Guanipa, evidencian la falta de independencia y ética del nuevo fiscal, quien, a su juicio, busca proteger los intereses del chavismo en lugar de hacer cumplir la ley.

En su crítica, Guanipa enfatizó que Venezuela requiere un fiscal general que priorice la justicia sobre la política, y no a alguien que utilice su cargo para perpetuar el abuso de poder. Las palabras del opositor reflejan el anhelo de muchos venezolanos por una Fiscalía que defienda sus derechos en lugar de ser un instrumento al servicio del régimen. La situación actual plantea la necesidad urgente de reformas que permitan establecer un sistema judicial independiente y efectivo, capaz de garantizar la protección de los derechos de los ciudadanos.

La designación de Larry Devoe como fiscal general ha generado reacciones diversas en el ámbito político. Henrique Capriles, diputado opositor y dos veces candidato presidencial, expresó su descontento al afirmar que el cambio en la fiscalía no representa una verdadera alteración en el esquema de poder, ya que se mantiene un fiscal afín al gobierno. Por su parte, el partido Primero Justicia también se pronunció, insistiendo en que Venezuela merece instituciones que defiendan los derechos humanos y no que estén al servicio de una élite política.

La crisis institucional en Venezuela se agrava con la falta de transparencia en los procesos de selección de autoridades, como lo denunciaron en marzo once organizaciones no gubernamentales. La ausencia de criterios claros para la designación de los titulares de la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo ha contribuido a la desconfianza en las instituciones del país. Este contexto resalta la importancia de un cambio profundo en la estructura del poder judicial, en un momento en que la sociedad clama por justicia y rendición de cuentas.