El Gobierno declaró el estado de emergencia en cinco establecimientos penitenciarios como parte de un conjunto de medidas destinadas a reforzar la seguridad ciudadana y enfrentar las actividades de organizaciones criminales que operarían desde los centros de reclusión. La disposición alcanza a los penales de Challapalca, en Tacna; Cochamarca, en Pasco; Miguel Castro Castro y Ancón I, en Lima; y Trujillo Varones, en La Libertad.
La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 128-2026-PCM y tendrá una vigencia de 60 días calendario. Durante ese período, la Policía Nacional asumirá el control del orden interno con el respaldo de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, la intervención estará limitada al perímetro exterior de cada establecimiento penitenciario, dentro de un radio de hasta 200 metros.
En el área alcanzada por la declaratoria quedarán suspendidos temporalmente determinados derechos constitucionales, de acuerdo con las condiciones establecidas en la norma. Entre ellos se encuentran la libertad de tránsito, el derecho de reunión y la seguridad personal.
La estrategia contempla además acciones de protección en los alrededores de los penales, el espacio aéreo y el espectro electromagnético inmediato. Los agentes estarán a cargo de los controles en los puntos de acceso y de tareas de inteligencia orientadas a detectar posibles amenazas y prevenir eventuales fugas.
