El Parlamento de Ghana ha dado un paso significativo al aprobar por segunda vez el 'Proyecto de Ley de Derechos Sexuales Humanos y Valores Familiares de 2025', ampliamente conocido como la ley anti-gay. Esta decisión, tomada en una sesión reciente, se produjo tras la introducción de enmiendas que eximen de sanciones a ciertos sectores profesionales involucrados en el tratamiento de temas relacionados con la comunidad LGTBI+. Sin embargo, la ley mantiene severas restricciones y penalizaciones que han generado un intenso debate tanto a nivel nacional como internacional.
Entre las disposiciones más controversiales se encuentra la penalización de hasta tres años de prisión por mantener relaciones sexuales entre personas del mismo sexo. Además, la ley establece penas que oscilan entre tres y cinco años de cárcel para aquellos que financien o promuevan actividades vinculadas con el colectivo LGBTQ+. Este enfoque punitivo ha sido criticado por organizaciones de derechos humanos que argumentan que perpetúa la discriminación y la violencia contra las personas LGTBI+ en un país donde la homosexualidad ya es un tema tabú.
El proyecto también introduce una obligación de denuncia, lo que significa que cualquier acto homosexual debe ser reportado a las autoridades, lo que podría fomentar una cultura de vigilancia y miedo en la sociedad ghanesa. Otra modificación importante se refiere a la Ley de Extradición de 1960, que ahora permitirá que los delitos relacionados con la nueva legislación sean considerados extraditables, aumentando así las repercusiones para quienes se encuentren en el país.
Sin embargo, la ley incluye ciertas salvaguardas que no estaban presentes en la versión original. Por ejemplo, los periodistas y los medios de comunicación que informen sobre cuestiones relativas al colectivo LGTBI+ estarán exentos de castigo en el ejercicio de sus funciones. Asimismo, se excluye de penalización a los abogados que brinden asesoramiento legal a personas del colectivo, así como a profesionales de la salud que ofrezcan servicios relacionados.
La aprobación del proyecto no estuvo exenta de controversias. La oposición parlamentaria expresó su rechazo, argumentando que las modificaciones sugerían que la ley original era defectuosa y no cumplía con su propósito. A pesar de estas objeciones, la votación se llevó a cabo a viva voz, siguiendo la recomendación unánime de la Comisión de Asuntos Constitucionales y Jurídicos, según indicó el primer vicepresidente del Parlamento, Bernard Ahiafor.
Ahora, el texto aprobado deberá ser revisado por el presidente de Ghana, John Dramani Mahama, quien enfrenta presiones tanto de líderes religiosos como de su propio partido, el Congreso Nacional Democrático, para que sancione la ley. Según la normativa vigente en el país, el presidente tiene un plazo de siete días hábiles para promulgar el proyecto desde el momento en que lo recibe, lo que añade un sentido de urgencia a la situación.
Cabe recordar que la primera versión de esta ley fue aprobada en febrero de 2024, durante el mandato del expresidente Nana Akufo-Addo. Sin embargo, su implementación fue bloqueada debido a demandas de inconstitucionalidad, lo que resultó en la caducidad del proyecto por no haberse registrado formalmente. Esta situación refleja un contexto más amplio donde, de más de sesenta países que criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo, aproximadamente la mitad se encuentra en África, donde estas legislaciones son, en su mayoría, un legado de la época colonial.
