El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha presentado una propuesta que busca modificar la normativa deportiva en España, con el objetivo de garantizar el acceso al deporte federado para los menores extranjeros, independientemente de su situación legal en el país. Esta petición fue expuesta en el Informe Anual de 2025, que Gabilondo entregó a la presidenta del Congreso de los Diputados, Francina Armengol, y resalta la importancia de asegurar derechos equitativos para todos los jóvenes, sin distinción.
En el documento, Gabilondo analiza los artículos de la Ley 39/2022, del 30 de diciembre, que regula el acceso al deporte para extranjeros sin residencia legal. A pesar de no haber interpuesto un recurso de inconstitucionalidad, el Defensor del Pueblo ha emitido una recomendación fundamentada en la interpretación de la normativa, sugiriendo que esta no debe obstaculizar el derecho de los menores a obtener licencias deportivas. Se busca que esta lectura de la ley evite prácticas que puedan limitar el acceso a la actividad deportiva, promoviendo así la inclusión.
La situación actual pone de manifiesto una contradicción en la aplicación de la ley, donde, aunque la Administración ha mostrado disposición para aceptar la recomendación de Gabilondo, se ha reconocido que es necesario implementar un cambio normativo para eliminar el requisito de residencia legal. Esta problemática ha sido reiterada en los informes anuales del Defensor del Pueblo de los años 2023 y 2024, lo que indica que la cuestión ha estado en la agenda de debate durante un tiempo considerable.
El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha respondido a esta solicitud, comprometiéndose a promover las reformas legales necesarias con la mayor rapidez posible. Este compromiso refleja la voluntad del gobierno de garantizar un acceso equitativo al deporte, permitiendo que todos los jóvenes, sin importar su situación administrativa, puedan participar en actividades deportivas y desarrollar sus talentos.
Además de la cuestión de la residencia, Gabilondo ha señalado la preocupación por la situación de los deportistas accidentados y sus familias. En este sentido, ha enfatizado la necesidad de una aplicación efectiva del seguro obligatorio y la urgencia de actualizar su regulación para evitar situaciones de indefensión. Esta problemática fue reconocida durante una reunión con el Consejo Superior de Deportes, donde se fijó un plazo de seis meses desde el 25 de julio de 2025 para desarrollar el reglamento correspondiente.
Las reformas propuestas por Gabilondo no solo buscan mejorar el acceso al deporte para menores extranjeros, sino que también abordan cuestiones de seguridad y protección para los deportistas en general. La implementación de cambios en la normativa podría marcar un hito en la forma en que se concibe el deporte en España, promoviendo la inclusión y la equidad como valores fundamentales en la práctica deportiva.
