La investigadora de la Fundación de las Cajas de Ahorros (Funcas), Elisa Chuliá, advirtió que la Ley de Dependencia y Discapacidad, aprobada el día anterior en el Congreso de los Diputados, tendrá dificultades para ser implementada y requerirá “mucho más que dinero”. La especialista sostuvo que no duda de “las buenas intenciones y de la voluntad política del legislador”, aunque consideró arriesgado pensar que las inercias del sistema puedan modificarse a corto plazo, pese a que la norma sea presentada como “una refundación” del modelo.
La nueva legislación reforma la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Chuliá formuló sus observaciones durante la presentación del libro Los cuidados de larga duración en España. Un desafío en tiempo de descuento, editado por Funcas y coordinado por ella y José Antonio Herce.
Durante el encuentro, la investigadora recordó que la ley aprobada hace 20 años se desarrolló mediante la creación de “17 subsistemas”. Según explicó, las comunidades autónomas los implementaron “como han podido”, en un contexto marcado por las dificultades extraordinarias de las crisis económicas anteriores y posteriores a la pandemia. También señaló que el recorte de la financiación estatal durante la primera recesión económica hizo que el costo recayera mayoritariamente sobre las administraciones autonómicas, una situación que la nueva ley busca blindar. En ese marco, las comunidades otorgaron en mayor medida prestaciones económicas y dejaron de lado las asistenciales previstas en la normativa.
