La fiscal del caso relacionado con David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno español, ha argumentado a favor de la prescripción del delito por el que se le acusa, específicamente la aceptación de un nombramiento ilegal en la Diputación de Badajoz. En su exposición durante la audiencia preliminar que tuvo lugar en la Audiencia Provincial de Badajoz, Begoña García Boró expresó su opinión sobre la necesidad de excluir este cargo del juicio. Además, defendió la imparcialidad de la jueza Beatriz Biedma, en medio de las críticas que han surgido sobre su actuación en este caso.
En su intervención, la fiscal abordó las preocupaciones planteadas por la defensa, resaltando que nadie debería ser acusado sin antes ser investigado formalmente. García Boró hizo hincapié en que la falta de imputación del expresidente de la Diputación, Miguel Ángel Gallardo, es un punto crucial a considerar, dado que no se le ha dado la oportunidad de defenderse adecuadamente ante las acusaciones que se han presentado en su contra. Esta situación, según García Boró, vulnera el derecho fundamental a la defensa, un principio esencial en cualquier proceso judicial.
El contexto de esta situación se remonta a 2017, cuando se produjo la contratación de Luis Carrero en la Diputación de Badajoz, un hecho que se ha convertido en el eje de la controversia actual. La fiscal destacó que la acusación presentada es sorpresiva, ya que se realiza sin que Gallardo haya sido escuchado previamente, lo que podría comprometer la validez del proceso. Por ello, ha solicitado que se declare la nulidad parcial del auto que da inicio al juicio, argumentando que se ha cometido una irregularidad procesal significativa.
En cuanto a la prescripción del delito que se atribuye a David Sánchez, la fiscal se alineó con la defensa en su interpretación de las leyes aplicables. La acusación por aceptación de nombramiento ilegal, según García Boró, se clasifica como un delito leve, el cual prescribe al año de su comisión. La fiscal argumentó que el delito en cuestión no conlleva una inhabilitación, sino que se castiga con una multa de entre tres y ocho meses, lo que refuerza su postura sobre la prescripción del caso.
García Boró también destacó que en el escrito de acusación se distingue claramente la participación de David Sánchez de otros delitos, como la prevaricación administrativa y el nombramiento ilegal. En este sentido, la fiscal subrayó que no se puede considerar a Sánchez como autor del delito de aceptación de manera independiente, ya que dicho delito requiere la participación de más de una persona. Esta aclaración es fundamental para evaluar la conexión entre las infracciones presentadas en el caso.
Por último, la fiscal concluyó que el escrito de acusación no proporciona elementos que sugieran una relación de conexidad o continuidad delictiva entre los delitos imputados. Este análisis no solo es relevante para la defensa de David Sánchez, sino que también plantea interrogantes sobre la solidez de las acusaciones en general. Las decisiones tomadas en las próximas etapas del juicio serán cruciales para determinar el rumbo de este caso, que ha generado un intenso interés mediático y político en el país.
