El vicepresidente y consejero de Desregulación, Servicios Sociales y Familia de Extremadura, Óscar Fernández Calle, ratificó la negativa del Gobierno regional a recibir más menores migrantes no acompañados y cuestionó el mecanismo impulsado por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, para distribuirlos entre las comunidades autónomas.
Fernández calificó esa política como una “tremenda estafa” y sostuvo que Extremadura no será partícipe de una estrategia destinada a “repartir el problema”. En ese sentido, afirmó que la oposición de la comunidad es “total y absoluta” y que el Ejecutivo utilizará “todas las armas” disponibles para sostener su postura, incluidas las vías políticas, administrativas y judiciales.
El funcionario señaló que la posición se mantiene desde la crisis migratoria en Ceuta y que la resistencia a la llegada de estos jóvenes será ejercida “por tierra, mar y aire”. Además, expresó sus dudas sobre la edad de parte de las personas alojadas en centros de Extremadura. Según afirmó, existe una “inmensa cantidad” de “teóricos chavales” que podrían ser mayores de edad.
En esa línea, aseguró que, si se realizaran pruebas de edad a todos los jóvenes acogidos en los centros de la comunidad, “la opinión pública extremeña se llevaría las manos a la cabeza”, porque —según su estimación— un “porcentaje altísimo” resultaría ser mayor de edad. Fernández atribuyó esta situación al Gobierno y al PSOE, a los que acusó de haber modificado la legislación para que la responsabilidad “se diluya en las comunidades autónomas”.
