El cierre de la planta de FATE en la provincia de Buenos Aires ha generado un nuevo enfrentamiento institucional, revelando las tensiones existentes entre la empresa, el gobierno provincial y el sindicato del sector.
En una audiencia virtual llevada a cabo el 24 de febrero en la Delegación Regional Tigre del Ministerio de Trabajo bonaerense, la firma evitó responder a una pregunta crucial planteada por funcionarios provinciales: cuáles serían las condiciones necesarias para reabrir la planta. Este encuentro contó con la presencia de representantes del Ejecutivo provincial y autoridades laborales.
El acta oficial de la reunión detalla que Ariel Aguilar y Mariela Bembi, funcionarios del Ministerio de Producción, intentaron participar en la discusión. Sin embargo, FATE cuestionó la presencia de estos funcionarios, argumentando que solo las partes directamente involucradas, es decir, el sindicato SUTNA y la empresa, deberían tener voz en la audiencia de conciliación. Esta negativa a responder a la consulta sobre la reapertura se ha convertido en un tema central en el conflicto, ya que el gobierno busca establecer un diálogo que permita evaluar posibles medidas de apoyo a la industria, mientras que FATE insiste en mantener un límite claro en la participación del Ejecutivo en el proceso de negociación.
