La Justicia de Paraguay ha decidido dictar prisión preventiva contra el exsenador Erico Galeano, quien fue condenado a trece años de cárcel por su vinculación con el lavado de activos procedentes del narcotráfico. Esta medida se da en el contexto de una investigación que ha puesto al descubierto una compleja red de narcotráfico que operaba en el país y que tenía conexiones internacionales. Galeano, quien hasta hace poco ocupaba un escaño en el Senado, había estado disfrutando de libertad ambulatoria debido a que su condena no estaba aún firme, pero la reciente decisión del Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado busca garantizar su sometimiento a la justicia.
El abogado de Galeano, Luis Almada, explicó que el juzgado consideró que la prisión preventiva era la única medida adecuada para asegurar el cumplimiento de la sentencia en curso. La decisión se produce en un momento crucial, ya que se están cumpliendo tres años desde que la Fiscalía presentó cargos contra el exlegislador por sus supuestos vínculos con una organización criminal que enviaba cocaína a Europa, liderada por el uruguayo Sebastián Marset. Este último fue detenido en Bolivia y extraditado a Estados Unidos en marzo de este año, lo que ha elevado la atención pública y mediática sobre el caso.
La situación política en Paraguay ha sido muy tensa en torno a este caso, lo que llevó a Galeano a renunciar a su cargo como senador la semana pasada, buscando, según su abogado Ricardo Estigarribia, contribuir a la "paz social". Estigarribia, que ha manifestado su desacuerdo con la decisión judicial, argumenta que su cliente estaba dispuesto a aceptar la sentencia, interpretándola como un paso necesario para aliviar la presión mediática y social que ha rodeado el caso. Sin embargo, también manifestó que esta actuación del Poder Judicial podría ser vista como un intento de limpiar la imagen del Legislativo en un momento de crisis de confianza.
El exsenador fue condenado el pasado 4 de marzo por asociación criminal y lavado de dinero, basándose en evidencias que lo ligaban a la red de narcotráfico liderada por Marset y el paraguayo Miguel Ángel Insfrán, conocido como "Tío Rico". Las investigaciones indicaron que Galeano había vendido una lujosa propiedad en 2020 por un millón de dólares a un testaferro, quien estaba vinculado a Insfrán, actualmente recluido en la prisión de Minga Guazú. Esta transacción ha sido clave para la fiscalía, ya que sugiere un intento de blanquear dinero proveniente de actividades ilegales.
Adicionalmente, la fiscalía también ha señalado que Galeano facilitó el uso de una aeronave de su propiedad para que Marset, Insfrán y otros cómplices se trasladaran en territorio paraguayo, lo que reforzó las acusaciones de que estaba proporcionando apoyo logístico a las operaciones del narcotráfico. Este tipo de colaboración ha sido crucial para el avance de la investigación y ha llevado a la implementación de medidas más severas contra aquellos que intentan involucrarse en actividades delictivas de esta magnitud.
El caso de Galeano se enmarca dentro de la operación 'A Ultranza PY', realizada en 2022, que se considera una de las más significativas en la lucha del país contra el crimen organizado y el lavado de dinero. Esta operación ha expuesto las conexiones entre el narcotráfico y la corrupción en las instituciones del país, lo que ha llevado a un llamado generalizado a una reforma profunda en el sistema político y judicial. La comunidad internacional también está atenta a cómo se desarrollan estos casos, ya que los vínculos entre Paraguay y el narcotráfico son de preocupación regional.
En conclusión, la reciente decisión judicial de imponer prisión preventiva a Erico Galeano no solo marca un capítulo importante en su vida política, sino que también refleja un momento crítico en la lucha de Paraguay contra el crimen organizado. La sociedad está observando de cerca las implicancias de este caso y su impacto en la confianza pública hacia las instituciones del país.
