El ex subsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta, compareció ante el Tribunal Oral Federal 7 en el marco de la causa conocida como “Cuadernos” y presentó un informe oficial del Banco Mundial. Este documento, elaborado y publicado en 2010, tiene como objetivo refutar las acusaciones de irregularidades en las obras viales durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, planteadas por el ex ministro de Economía, Roberto Lavagna.
En su exposición, Baratta destacó que el informe del Banco Mundial no solo respalda la transparencia de los procesos de obra pública, sino que también subraya la importancia de la colaboración internacional en el financiamiento de proyectos de infraestructura en Argentina. Según Baratta, este informe oficial “ponderó” el sistema de obras viales y deslegitima las afirmaciones de Lavagna sobre la existencia de irregularidades como la cartelización y los sobreprecios.
El exfuncionario mencionó que entre 1997 y 2007, el Banco Mundial aprobó préstamos por un total de 2.346 millones de dólares destinados a obras viales en el país, lo que pone de manifiesto la confianza de este organismo en los procesos de adjudicación y ejecución de las obras. “¿El Banco Mundial hubiese seguido financiando obras viales después de 2005 si se hubieran detectado irregularidades como las que menciona Lavagna?”, cuestionó Baratta, enfatizando la solidez del respaldo financiero internacional.
Además, Baratta subrayó que entre 2006 y 2015, Argentina recibió más de 35.600 millones de dólares en financiación de instituciones multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la CAF. El exfuncionario argumentó que la participación de Estados Unidos en estas organizaciones es significativa y que dicha influencia es incompatible con la existencia de un sistema de corrupción sistemática en los proyectos financiados.
En su defensa, Baratta también se refirió a un “informe interno” mencionado por Lavagna. Según su declaración, este documento no fue presentado al Ministerio de Planificación para su revisión y no aclaraba si las observaciones se referían a contratos anteriores a 2003, lo que podría invalidar su relevancia en el contexto actual. “Es fundamental que se comprenda que cada acto administrativo relacionado con la obra pública estaba bajo la supervisión del Ministerio de Economía”, afirmó Baratta, sugiriendo que Lavagna, como titular de esta cartera, tenía la responsabilidad de informar sobre cualquier irregularidad.
La presentación de Baratta se enmarca en un contexto más amplio de discusiones sobre la corrupción y la transparencia en la gestión pública en Argentina. La causa “Cuadernos” ha generado un intenso debate en la opinión pública, y la defensa del exfuncionario busca no solo desmentir acusaciones, sino también reivindicar un período en el que se realizaron importantes inversiones en infraestructura. La implicación de organismos internacionales en la financiamiento de proyectos viales es un punto clave en su argumentación, pues resalta la confianza en el sistema argentino durante esos años.
Así, el testimonio de Baratta se presenta como un intento de cambiar la narrativa en torno a la obra pública en Argentina, resaltando la importancia de la supervisión internacional y la colaboración entre el Estado y las instituciones financieras. Este caso seguirá siendo objeto de análisis y discusión, no solo por las implicancias legales, sino también por su impacto en la percepción pública de la gestión del gobierno anterior y de las políticas de infraestructura del país.
