En un giro significativo en su estrategia de seguridad, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el miércoles una nueva política nacional antiterrorista que coloca a los cárteles de narcotráfico de América Latina como la principal amenaza a enfrentar. Este documento, que abarca 16 páginas, marca una notable desviación del enfoque anterior, que priorizaba la lucha contra el terrorismo yihadista, y se convierte en el marco oficial de una campaña militar en curso desde septiembre de 2025.
La reciente estrategia de Trump llega en un contexto de intensificación de acciones militares que ya ha dejado un saldo trágico de al menos 191 muertos. Las operaciones estadounidenses, dirigidas a embarcaciones sospechosas de participar en el tráfico de drogas, se han llevado a cabo en el Pacífico oriental y el Caribe. Mientras la administración argumenta que estos ataques son medidas contra el narcoterrorismo, hay quienes los critican, acusándolos de ser ejecuciones extrajudiciales, lo que abre un debate sobre la legalidad y la ética de estas acciones.
En el documento, Trump enfatiza la necesidad de actuar contra los cárteles, los yihadistas y cualquier gobierno que los respalde, afirmando que no se permitirá que estas entidades operen con impunidad en territorio estadounidense. Su asesor en materia de contraterrorismo, Sebastian Gorka, apoya esta narrativa con datos alarmantes, señalando que los cárteles han causado más muertes entre estadounidenses a través de la distribución de fentanilo que todos los soldados caídos en conflictos desde la Segunda Guerra Mundial. Este tipo de retórica busca justificar una respuesta militar contundente, que incluye el seguimiento de embarcaciones y la interrupción de sus fuentes de financiamiento.
La estrategia también establece una clara jerarquía de amenazas, en la que, además de los cárteles, se prioriza la neutralización de grupos islámicos capaces de llevar a cabo ataques en suelo estadounidense. A continuación, se identifican como objetivos a organizaciones con ideologías radicalmente antiestadounidenses, pro-género o anarquistas. Por último, se menciona la importancia de prevenir que actores no estatales tengan acceso a armas de destrucción masiva, lo que refleja una preocupación creciente por la seguridad en un mundo globalizado.
Este nuevo enfoque se inscribe en un período de cambios drásticos en el hemisferio. La administración Trump ha intensificado su presión sobre regímenes como el de Nicolás Maduro, a quien capturó el 3 de enero y sacó de Venezuela. Asimismo, ha reforzado su presencia militar en el Caribe desde el verano pasado, con ataques que han abarcado objetivos en el Pacífico oriental, el Caribe y, en al menos un incidente, en territorio venezolano.
Según la administración, la Operación Southern Spear, que da nombre a esta campaña militar, ha logrado una reducción del 56% en el flujo de fentanilo hacia la frontera sur en comparación con el mismo período del año anterior. Además, se reporta una caída de casi el 20% en las muertes por sobredosis en Estados Unidos, lo que se presenta como un logro ante el Congreso por parte de funcionarios del Pentágono. Sin embargo, la efectividad y las consecuencias a largo plazo de estas medidas siguen siendo objeto de análisis y discusión, evidenciando la complejidad de la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo en un contexto global cada vez más interconectado.
