La escasez de gas natural comprimido (GNC) en diversas áreas del país ha llevado a las estaciones de servicio a presentar una serie de reclamos formales ante las autoridades competentes. La Federación de Entidades de Combustibles (FEC) ha elevado solicitudes a la Comisión de Energía de ambas cámaras del Congreso, así como al Ente Nacional Regulador del Gas y a la Secretaría de Energía, demandando informes detallados y una revisión del actual esquema contractual que rige el suministro de este recurso esencial.
El núcleo del reclamo de la FEC se centra en cómo las interrupciones en el suministro de GNC han impactado a aquellos empresarios que poseen contratos considerados "firmes". Este tipo de contrato implica el pago de un cargo adicional destinado a asegurar la continuidad del suministro mediante la reserva de capacidad. Sin embargo, en varias ocasiones recientes, las estaciones de servicio han enfrentado cortes de suministro sin recibir explicaciones adecuadas sobre las razones técnicas o normativas que justificarían tales interrupciones, lo que ha generado un clima de incertidumbre y malestar en el sector.
Ante esta situación, la FEC ha solicitado al Poder Ejecutivo que aclare si las medidas que llevaron a estos cortes fueron consecuencia de emergencias operativas o de fuerza mayor debidamente documentadas. En caso contrario, la federación exige que se implemente un sistema de compensación económica a través de las distribuidoras involucradas en la cadena de abastecimiento. Además, se requiere conocer los criterios y prioridades que se aplicaron durante los cortes, así como los métodos usados para gestionar la demanda en esos momentos críticos.
Juan Carlos Basílico, presidente de la FEC, ha manifestado que estas gestiones buscan establecer un espacio de revisión institucional que permita evaluar el funcionamiento del sistema de abastecimiento de GNC y considerar eventuales mecanismos de compensación cuando se constaten afectaciones a contratos que implican un pago por reserva de capacidad. La falta de transparencia en la toma de decisiones operativas ha sido uno de los puntos más criticados por la federación, que reclama claridad sobre cómo se priorizan los usuarios en situaciones de crisis.
En paralelo, otras entidades del sector han expresado su intención de modificar el esquema contractual vigente, que actualmente distingue entre modalidades firmes e interrumpibles. Pedro Llorvandi, presidente de la Cámara de Estaciones de Servicio y Afines del Estado (CEPASE), ha señalado que esta estructura contractual es un remanente de un contexto energético marcado por limitaciones en el abastecimiento y una dependencia significativa de importaciones, circunstancias que ya no se corresponden con la realidad actual del sector.
Desde la perspectiva de los representantes del sector en Santiago del Estero, es evidente que el marco regulatorio necesita una actualización. Hace dos décadas, el país enfrentaba serias restricciones en el suministro de gas, lo que llevó a la implementación de criterios que han quedado obsoletos. La evolución de la producción local ha cambiado drásticamente el paisaje energético, y es imperativo que las normativas vigentes se ajusten a las nuevas realidades del mercado, donde la disponibilidad de gas es mucho más amplia y se requieren estructuras más adaptadas a esta nueva situación.
