El Gobierno español se encuentra bajo una creciente presión social y política ante el preocupante aumento de la violencia vicaria, un fenómeno que atenta contra la vida de menores con el fin de causar daño a sus madres. Recientes informes de organizaciones feministas y expertos en derechos infantiles advierten que el anteproyecto de ley presentado por el Ejecutivo no aborda de manera adecuada las necesidades de protección de los niños, especialmente tras una serie de asesinatos que han conmocionado al país. En lo que va del año 2026, se han registrado tres muertes de menores en incidentes vinculados a esta forma de violencia, igualando la cifra total de 2025 y marcando el inicio de año más trágico desde que se llevan registros oficiales.
La violencia vicaria se define como aquellas agresiones que se perpetran contra los hijos con el objetivo de herir a la madre, y los datos del Ministerio de Igualdad revelan que, en este primer trimestre de 2026, se han contabilizado tres asesinatos de menores. El caso más reciente ocurrió en Torrevieja, Alicante, donde una niña de tan solo tres años fue encontrada sin vida junto a su padre, de 40 años, quien había sido su expareja. Este hombre no contaba con denuncias previas por violencia de género, lo que ha generado un debate sobre la efectividad de las medidas de protección existentes y la necesidad de una legislación más robusta.
La situación se torna cada vez más crítica, ya que el Ministerio de Igualdad ha reconocido que estos tres casos elevan a un total de 68 menores asesinados por violencia vicaria desde 2013. Este dato pone de manifiesto la urgencia de implementar reformas que garanticen la seguridad de los niños y aborden la cultura de la violencia de género que sigue presente en la sociedad española. La incidencia de muertes de menores por esta causa ha sido alarmante en años anteriores, destacando 2015 y 2024, donde se registraron nueve asesinatos cada uno. En contraste, años como 2022 y 2023 mostraron una disminución a dos casos, pero la tendencia actual sugiere que esta problemática está lejos de solucionarse.
Ante la escalada de violencia, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha expresado su profunda condena hacia estos crímenes, utilizando su cuenta en la red social X para manifestar su indignación y ofrecer condolencias a las familias de las víctimas. Redondo subrayó la necesidad de unidad y justicia, instando a la sociedad a no tolerar más estos actos de barbarie. Por su parte, Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia, enfatizó que el machismo no solo afecta a las mujeres, sino que también tiene consecuencias devastadoras sobre la infancia, resaltando que la protección de los menores debe ser una prioridad en la agenda política.
Las estadísticas revelan que el primer trimestre de 2026 se sitúa como el más mortífero para los menores en el contexto de violencia vicaria, lo que obliga a una reflexión profunda sobre las políticas actuales y la urgencia de su modificación. En un país donde se han realizado avances significativos en materia de igualdad de género, la persistencia de estos crímenes pone de relieve la necesidad de un enfoque más integral que aborde no solo la violencia de género, sino también sus efectos en los niños.
Este alarmante panorama ha llevado a diversas organizaciones y colectivos a exigir al Gobierno que acelere la aprobación de una legislación que garantice la protección efectiva de los menores. La falta de una ley adecuada que aborde la violencia vicaria ha sido un tema de debate y crítica entre expertos, quienes insisten en que es esencial para prevenir futuros casos. La presión social sobre el Gobierno se intensifica, y la urgencia de una respuesta efectiva se convierte en una demanda ineludible en la lucha contra la violencia de género y sus consecuencias en la infancia.
