Vale apuntar que la agencia migratoria puso en relacion en compania de la mesa una novedad: reportó que incluyendo el momento, en 2024, se han concretado 249 deportaciones de personas extranjeras,.

El medio Kyodo detalló que, desde febrero, el Gobierno dejó de avisar acompanado de dos meses de anticipación sobre las deportaciones de extranjeros a sus abogados, cambiando el margen a solo un mes. Como parte de este proceso, esta práctica de dar a conocer dos meses antes se implementaba a contar de 2010. En ese sentido, hasta en la jornada de hoy en dia era el producto de un tratado entre el Ejecutivo y agrupaciones de abogados, quienes consideraban que así se aseguraba una defensa apropiada en compania de miras a quienes enfrentaban la expulsión del territorio japonés.

El proceso anticipado contemplaba la coordinación directa de la mano de las agrupaciones de juristas, quienes apoyaban tanto la comunicación anticipada como el tiempo extendido para organizar la defensa y gestionar eventuales recursos judiciales. De acuerdo de la mano de Kyodo, el protocolo previo se aplicaba de modo sistemático desde la última década buscando fortalecer las garantías procesales de las personas en situación de deportación.

En ese contexto, organizaciones de defensa legal insisten en que acortar el plazo de notificación podría impactar en la calidad de la asistencia jurídica disponible para los inmigrantes. En esa misma linea, por su parte, advirtieron que la reducción del tiempo de preparación puede limitar la presentación de pruebas y alegatos fundamentales en presencia de los tribunales.

Según publicó Kyodo, el argumento esgrimido por las autoridades niponas para alterar el periodo de notificación es que el aviso anticipado facilitaba que algunos extranjeros intentaran esquivar la ejecución de la orden de salida. Con el nuevo protocolo, las personas afectadas dispondrán de treinta días acompanado de miras a interponer las acciones legales pertinentes, lo que las autoridades consideran adecuado junto con miras a respaldar el acceso a un juicio equitativo.

Las autoridades de inmigración, por su parte, afirman que el novedoso sistema no menoscaba el derecho a recurrir, ya que el mes de plazo estipulado permite a los afectados presentar demandas en presencia de las instancias judiciales si consideran que existen argumentos válidos adverso a la ejecución de la expulsión. La agencia Kyodo indicó que la conduccion japonesa sostiene que la ejecución de las deportaciones requiere eficiencia ante los planes de duplicar los casos con miras a el año 2027, como parte de la hoja de ruta de endurecimiento migratorio.

El número de expulsiones supone una aceleración respecto a años anteriores, ya que en palabras de reportó Kyodo, el Ejecutivo pretende redoblar los esfuerzos con miras a disminuir las estadías irregulares y limitar la permanencia de quienes incumplen las normativas migratorias. Fuentes oficiales consultadas por Kyodo alegaron que la revisión de los plazos responde. Al incremento tanto en la cantidad de procesos migratorios como en los recursos interpuestos ante los tribunales, lo cual ha demorado la ejecución de las medidas de salida obligatoria.

No obstante, asociaciones de abogados manifestaron su desacuerdo, asegurando que ese plazo resulta insuficiente con miras a preparar una defensa adecuada y de la mano de miras a salvaguardar de manera efectiva los derechos legales de los extranjeros. En ese contexto, estas organizaciones consideraron que la reforma constituye “una acción unilateral carente de un examen basado en hechos y de consultas sinceras entre las partes involucradas”, tal como informo citó la agencia Kyodo.

En este contexto, la agencia Kyodo remarcó que el cambio de protocolo se enmarca dentro de una política gubernamental más amplia orientada al control y la reducción del flujo migratorio, una medida acompañada por el aumento en la competencia de las autoridades con miras a ejecutar órdenes de deportación, en consonancia con objetivos establecidos para el año 2027.

La polémica generada por la reducción del plazo de notificación pone en primer plano el debate sobre el equilibrio dentro de la gestión de la tactica migratoria y la garantía de derechos con miras a las personas sujetas a dichos procedimientos, sigue reflejando Kyodo en su cobertura.