El Gobierno nacional ha hecho oficial la eliminación del régimen de subsidios que compensaba a las empresas de transporte de larga distancia por los pasajes gratuitos destinados a personas con discapacidad, pacientes trasplantados y niños, niñas y adolescentes que padecen cáncer, entre otros. Esta decisión fue formalizada mediante la resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, que fue publicada en el Boletín Oficial recientemente. La normativa establece que se suspende el régimen de compensaciones económicas que estaba vigente desde 2018, afectando a las compañías que operan bajo las leyes 22.431, 26.928 y 27.674.
Con la eliminación de estos subsidios, el Gobierno ha dejado sin efecto un sistema que permitía al Estado cubrir parcialmente el costo de los boletos gratuitos que las empresas debían proporcionar a los beneficiarios mencionados. Sin embargo, la resolución aclara que este cambio no afecta el derecho de los usuarios a acceder a pasajes sin costo, lo que implica que las empresas seguirán obligadas a emitir los boletos gratuitos para los grupos contemplados por las leyes vigentes. Esto genera un cierto alivio para los beneficiarios, que podrán continuar utilizando el servicio sin costo, aunque sin el respaldo financiero que antes les brindaba el Estado.
La Secretaría de Transporte justificó esta medida argumentando que el esquema de subsidios había perdido su relevancia tras la implementación del Decreto 883/2024, que promovió la desregulación del transporte de larga distancia. Este decreto permite a las empresas definir de manera autónoma los recorridos, horarios, tarifas y modalidades de servicio, aunque bajo la supervisión de la autoridad correspondiente. De esta manera, el nuevo marco regulatorio ha cambiado las condiciones económicas y jurídicas que fundamentaron la necesidad de las compensaciones estatales en primer lugar.
El texto oficial de la resolución destaca que el derecho de los usuarios a viajar sin costo se mantiene “plenamente vigente y exigible”. Para garantizar este cumplimiento, se reafirma que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) tendrá la responsabilidad de fiscalizar que las empresas cumplan con la obligación de otorgar pasajes gratuitos a quienes lo requieren. Este organismo deberá establecer mecanismos de control y seguimiento para asegurar que las prestaciones se mantengan en el tiempo, a pesar de la modificación de las condiciones de subsidios.
Además, la normativa incorpora una cláusula transitoria que busca proteger los trámites y derechos que se hayan generado antes de la entrada en vigencia de esta resolución. Esta medida tiene como objetivo garantizar la seguridad jurídica de los procedimientos ya iniciados, asegurando que no se afecten los derechos adquiridos por los beneficiarios, en un contexto de cambio normativo que podría generar incertidumbre.
El anuncio de esta eliminación de subsidios llega en un momento crítico, dado el contexto de aumentos significativos en las tarifas del transporte público. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el boleto mínimo de colectivo en el Área Metropolitana de Buenos Aires ha registrado incrementos de hasta un 1.545% desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Este aumento desmesurado de tarifas ha superado la inflación y el crecimiento del salario mínimo, lo cual ha llevado a que una mayor proporción del ingreso familiar se destine al transporte. En diciembre de 2023, una persona que percibía el salario mínimo dedicaba aproximadamente el 2,6% de sus ingresos al transporte, cifra que ha aumentado notablemente hasta abril de 2026.
La eliminación de subsidios, por lo tanto, no solo representa un cambio en la política de transporte del Gobierno, sino que también plantea interrogantes sobre el impacto real en las personas más vulnerables de la sociedad. Estas medidas podrían agravar aún más la situación de aquellos que ya enfrentan dificultades económicas y que dependen del transporte público para acceder a servicios esenciales. Así, se abre un debate sobre el equilibrio entre la sostenibilidad del sistema de transporte y la necesidad de proteger los derechos de los ciudadanos más necesitados.
