El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) estableció este jueves que los Estados miembros deben presentar pruebas “objetivas y suficientemente sólidas” para demostrar que el presidente ruso, Vladimir Putin, ejerce un control efectivo sobre una empresa antes de congelar sus fondos en el marco de las sanciones europeas. Según el fallo, no alcanza con invocar el carácter “autocrático y oligárquico” del régimen de Rusia.
La sentencia fue dictada a partir del caso de Inter Rao Lietuva, una compañía que operaba en Lituania como importadora y proveedora independiente de electricidad. En 2022, las autoridades lituanas inmovilizaron sus fondos por considerar que existía una vinculación indirecta con personas alcanzadas por las medidas restrictivas de la Unión Europea, entre ellas Putin.
La decisión se basó en que Inter Rao Lietuva pertenece indirectamente a la sociedad rusa Inter Rao, cuyos principales accionistas son empresas participadas de manera indirecta por Rusia. La compañía impugnó el congelamiento de sus activos y la Justicia lituana elevó el caso al TJUE para precisar, entre otros aspectos, qué nivel de prueba resulta necesario para acreditar esos vínculos.
“La existencia de control sobre una sociedad por parte de una persona sujeta a las medidas restrictivas de la Unión debe demostrarse de manera objetiva y suficientemente sólida”, señaló el tribunal, con sede en Luxemburgo. La corte indicó además que ese control puede acreditarse mediante pruebas directas o a través de otros elementos objetivos que permitan demostrarlo de forma suficiente.
