El adelanto de las elecciones generales anunciado este lunes por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, llevó al Tribunal Supremo a acelerar el análisis de la suspensión cautelar aplicada a la llamada “ley de nietos”. La medida había paralizado el voto de las personas nacionalizadas mediante esa vía y ahora deberá definirse si continúa vigente durante los comicios previstos para el próximo 29 de noviembre.
Iustitia Europa, una de las organizaciones que recurrieron ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo por considerar que la norma podía modificar el censo electoral, presentó ese mismo lunes un escrito para pedir que se garantice la aplicación de la suspensión cautelar en las elecciones. La entidad advirtió que el censo de referencia es el cerrado al 1 de agosto de 2026, una fecha anterior a la decisión del tribunal. Vox, la otra parte recurrente, realizó una presentación similar horas después.
Tras la convocatoria electoral, el Supremo otorgó el martes un plazo improrrogable de dos días para que las partes formularan alegaciones sobre la ley de nietos. El objetivo es resolver la cuestión a partir del nuevo escenario electoral y no se descarta que el pronunciamiento se conozca este mismo fin de semana. La Fiscalía y el Gobierno se manifestaron a favor de levantar la suspensión y permitir el voto de todos los españoles residentes en el extranjero. En sus alegaciones, el Ejecutivo sostuvo que resulta “materialmente imposible” cuantificar la situación antes de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.
