En medio de un clima de creciente incertidumbre social, el Senado argentino reanuda este miércoles el debate en comisión sobre la controversial ley de "inviolabilidad de la propiedad privada", impulsada por el gobierno de Javier Milei. Esta iniciativa ha generado alarmas entre diversas organizaciones no gubernamentales que advierten que su aprobación podría dejar a más de 5 millones de personas sin protección legal, intensificando así la crisis habitacional en el país. Las ONG han señalado que la redacción actual de la ley podría resultar en el desalojo de millones de familias, especialmente en barrios populares que ya enfrentan múltiples dificultades.
Una de las organizaciones más vocales en este tema es TECHO, que ha manifestado que la ley podría colocar a aproximadamente 2 millones de niños en situación de calle. Este panorama desolador ha llevado a las organizaciones a solicitar modificaciones en el texto de la ley para garantizar que no se vulneren los derechos de los sectores más vulnerables de la población. A medida que el debate avanza, se espera que surjan propuestas de enmiendas que busquen equilibrar los derechos de propiedad con la realidad de quienes habitan en condiciones precarias.
La semana pasada, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, presentó el proyecto ante el Senado, donde se discutieron las implicaciones de la ley que busca fortalecer la propiedad privada, una de las tantas iniciativas reformistas que el gobierno de Milei ha puesto sobre la mesa. La propuesta no solo afecta la legislación sobre propiedad, sino que también busca reformar leyes relacionadas con el manejo de tierras y la integración socio-urbana de los barrios populares, lo que ha generado una respuesta enérgica por parte de las comunidades afectadas y los defensores de los derechos humanos.
La ley 27.453, sancionada en 2018 por consenso en el Congreso, establece medidas clave para la regularización dominial y la integración socio-urbana, incluyendo la suspensión de desalojos y la creación del Fondo de Integración Sociourbana (FISU). Estas disposiciones han sido fundamentales para el acceso a la vivienda y servicios básicos para más de un millón de familias que residen en barrios populares. Sin embargo, el gobierno sostiene que los resultados de esta ley han sido insatisfactorios y que solo un 0,08% del suelo en estos barrios ha logrado obtener un título de propiedad privada, un dato que argumentan como justificación para la reforma.
En este contexto, las ONG han manifestado que la propuesta de Milei representa un retroceso significativo en los avances logrados en materia de integración socio-urbana. Argumentan que la implementación efectiva de políticas habitacionales debe ir de la mano con la mejora de la infraestructura y las condiciones de vida en los barrios populares, antes de considerar la entrega de escrituras. Esto implica realizar obras de urbanización, resolver problemas de hacinamiento y garantizar el acceso a servicios esenciales, lo que requiere tiempo y recursos.
A medida que el debate avanza, se intensifican las voces que cuestionan los fundamentos libertarios del proyecto, sugiriendo que la solución no radica solo en la propiedad privada, sino en un enfoque integral que contemple las múltiples dimensiones del problema habitacional. Las organizaciones afirman que las decisiones deben ser tomadas de manera participativa, con la inclusión de las comunidades afectadas en el proceso de regulación y desarrollo. La situación es crítica y las consecuencias de una posible sanción de esta ley podrían ser devastadoras para millones de argentinos que ya enfrentan la precariedad de la vivienda.
