En una decisión que podría tener profundas implicaciones en la gestión de las crisis sociales y políticas en Bolivia, el Senado del país aprobó un proyecto de ley que deroga la normativa que regulaba el estado de excepción, vigente desde el año 2020. Esta ley había establecido un marco legal que permitía al Gobierno implementar medidas extraordinarias ante situaciones de crisis, fijando plazos, condiciones y mecanismos de control para su aplicación. La derogación se produce en un contexto de creciente tensión social y política, marcado por protestas y bloqueos en diversas regiones, lo que ha llevado a la población a cuestionar las acciones del Gobierno y su capacidad de respuesta ante la situación actual.
Desde hace semanas, Bolivia se encuentra sumida en un clima de agitación, donde los bloqueos de rutas y los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad se han vuelto comunes. Estos eventos han sido impulsados por sectores que demandan un cambio en la actitud del presidente Rodrigo Paz, quien enfrenta críticas por no responder de manera contundente ante las demandas de recuperación de las carreteras y el restablecimiento del orden público. La presión social ha crecido de manera exponencial, con organizaciones empresariales y líderes regionales que exigen al Ejecutivo que adopte medidas más severas para hacer frente a la crisis que amenaza el abastecimiento de bienes esenciales, como alimentos y medicinas.
Una vez aprobada la derogación en el Senado, el proyecto deberá ser enviado a la Cámara de Diputados para su consideración. Si el cuerpo legislativo también da su visto bueno, el Gobierno se encontrará con menos restricciones legales para implementar medidas excepcionales en un momento crítico, lo que podría complicar aún más la situación. La derogación de esta ley ha sido interpretada como un intento del Gobierno de evitar la rendición de cuentas y la supervisión legislativa en la toma de decisiones durante crisis, lo que ha generado inquietud entre varios sectores de la población.
La normativa anulada en 2020 imponía procedimientos claros para la declaración de un estado de excepción, exigiendo al Gobierno la justificación de las medidas adoptadas, así como estableciendo límites temporales y mecanismos de supervisión legislativa sobre las decisiones del Ejecutivo. En este contexto, el Comité pro Santa Cruz, una de las organizaciones cívicas más influyentes del país, ha instado a Paz a declarar un “estado de excepción sectorizado” para restablecer la circulación y garantizar el suministro en las principales ciudades del país. Sin embargo, esta propuesta ha encontrado resistencia entre los sectores sociales que ven en ella un intento de criminalizar la protesta social.
Organizaciones sociales y sindicatos que están al frente de las movilizaciones han advertido que la implementación de un estado de excepción podría intensificar el conflicto y dar lugar a nuevos episodios de violencia. Estas agrupaciones acusan al Gobierno de tratar de deslegitimar las protestas y de ser responsable del deterioro de las condiciones sociales y económicas que llevaron a la población a salir a las calles. En este sentido, la situación se presenta como un delicado equilibrio entre la necesidad de mantener el orden público y el respeto a los derechos de los manifestantes.
Ante la creciente crisis, diversas instituciones, incluyendo la Iglesia Católica y la Defensoría del Pueblo, han emitido un pronunciamiento conjunto, demandando el cese inmediato de la violencia y la apertura de un canal de diálogo entre las partes involucradas. En su declaración, expresaron su pesar por la falta de avances en el diálogo, que consideran esencial para la resolución pacífica del conflicto. Además, exigieron una investigación urgente y transparente sobre los hechos que han dejado heridos y un fallecido, subrayando la importancia de esclarecer las circunstancias que rodean los enfrentamientos en curso, donde se han denunciado abusos y violaciones de derechos humanos.
