El Senado argentino continúa su actividad legislativa con un nuevo proyecto destinado a reformar la Ley N° 27640 de biocombustibles, que ha generado un intenso debate entre los distintos sectores productivos. A pesar de que importantes reformas como la eliminación de las PASO y la reducción de zonas frías permanecen estancadas, La Libertad Avanza ha encontrado un espacio para promover su agenda, acercando posturas con los sectores de cereales y azúcar. Sin embargo, algunas pequeñas y medianas empresas (pymes) del sector han expresado su preocupación, argumentando que esta nueva legislación podría llevarlas a la quiebra.

La Ley N° 27640, sancionada en 2021, estableció un marco regulatorio que permite cortes de hasta un 5% en biodiésel, elaborado a partir de aceites vegetales, y un 12% en bioetanol, producido a partir de azúcar y almidón de cereales. Con la presión de los sectores productores, existe una demanda creciente para aumentar estos porcentajes de mezcla con combustibles fósiles tradicionales, como una medida para reducir la dependencia del petróleo y mitigar el impacto ambiental. Según estimaciones de YPF, el impacto en el costo final del combustible podría variar entre un 3% y un 10%, lo que añade un nuevo nivel de complejidad al debate.

Con la mirada puesta en 2025, las senadoras Carolina Moisés, de Jujuy, y Alejandra Vigo, de Córdoba, han tomado la iniciativa de insistir en la aprobación de un nuevo proyecto de ley. La discusión ha avanzado hasta que Federico Veller, subsecretario de Hidrocarburos de la Nación, se presentó ante la Comisión de Minería y Energía del Senado. En su exposición, Veller reiteró la necesidad de una nueva legislación, pero también advirtió sobre la falta de consenso, señalando que existen oposiciones tanto sectoriales como personales que dificultan la creación de un marco que satisfaga a todas las partes involucradas.

La propuesta presentada por la senadora de La Libertad Avanza incluye un régimen que se extendería por 15 años, con un aumento del corte de biodiésel al 10% y del bioetanol al 15%. Esta última propuesta contempla que la mezcla de bioetanol esté compuesta por un 6% de caña de azúcar y otro 6% de maíz, buscando un equilibrio en la promoción de ambos sectores. También se establece que la producción debe ser de origen nacional y que los precios máximos del mercado no podrán exceder los índices de tarifas internacionales, un aspecto crucial que busca cuidar la competitividad de los productores locales.

El proyecto incluye modificaciones significativas, como la implementación de deducciones impositivas y la apertura del mercado interno de biodiésel a empresas integradas que producen aceite vegetal o harina proteica. La respuesta de los sectores involucrados ha sido positiva, con directivos de YPF y de las industrias azucareras y cerealeras manifestando su apoyo a la propuesta. Sin embargo, durante una de las reuniones informativas, el presidente de la Bolsa de Cereales, Ricardo Marra, solicitó que se eleve el índice de corte del biodiésel, evidenciando las diferencias que aún persisten entre los distintos actores del sector.

Este nuevo clima de negociación en el Senado representa una oportunidad para que el país avance hacia un modelo energético más sostenible, pero también plantea desafíos significativos, especialmente en lo que respecta a la protección de las pymes. La posibilidad de encontrar un consenso que satisfaga a todos los sectores involucrados será clave para el éxito de esta reforma. En un contexto global donde la transición hacia energías renovables es cada vez más urgente, la Argentina tiene ante sí la responsabilidad de equilibrar intereses económicos con la necesidad de adoptar un enfoque más sostenible en su matriz energética. Las próximas semanas serán determinantes para el futuro de esta legislación y su impacto en la economía nacional y el medio ambiente.