La vicepresidenta del Grupo Partido Popular Europeo (PPE), Dolors Montserrat, ha lanzado una fuerte crítica contra Teresa Ribera, vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea. Según Montserrat, Ribera estaría protegiendo al Gobierno español de Pedro Sánchez al evitar la investigación de posibles conflictos de intereses vinculados a la comercialización de las balizas V16, que son obligatorias en España. Esta acusación ha tomado relevancia en el contexto actual, donde la transparencia y la competencia leal son temas de debate cruciales en el marco de la política europea.

En el marco de una interpelación parlamentaria, Montserrat cuestionó directamente a la Comisión Europea si se iba a analizar si la imposición de un modelo específico de baliza podría estar beneficiando a ciertos intereses comerciales, lo que podría generar distorsiones en el mercado que contravendrían la normativa comunitaria. En su intervención, subrayó la importancia de que España adopte medidas adecuadas para garantizar la transparencia y la competencia justa, aspectos que considera fundamentales para el buen funcionamiento del mercado interno europeo.

Sin embargo, la respuesta de la Comisión ha sido considerada insuficiente por la eurodiputada. Según el comunicado oficial, las normas de competencia de la UE prohíben cualquier práctica que pueda limitar o falsear la competencia en el mercado. A pesar de ello, el Ejecutivo europeo se limitó a señalar que no dispone de información concreta sobre conductas que puedan ser contrarias a la competencia, lo que Montserrat interpreta como una falta de acción ante una situación que podría perjudicar a los consumidores.

La crítica de Montserrat se enfoca en la aparente falta de imparcialidad de Ribera, quien, al haber sido ministra en el Gobierno de Sánchez, genera inquietudes sobre su capacidad para actuar de manera objetiva en este asunto. La eurodiputada enfatizó que no se puede invocar el derecho europeo mientras se elude su aplicación, especialmente cuando se trata de decisiones que pueden tener un impacto directo en la economía y en la vida de millones de ciudadanos europeos.

En este sentido, Montserrat ha expresado su preocupación por la tendencia de la Comisión a resguardarse tras tecnicismos y una supuesta falta de información, en lugar de ejercer su función de supervisión de manera activa. “La Comisión tiene el deber de investigar y asegurar que no se produzcan abusos ni favoritismos”, enfatizó, resaltando la importancia de que las instituciones europeas actúen con firmeza ante posibles irregularidades.

Finalmente, el Partido Popular ha exigido a la Comisión Europea que actúe con la independencia necesaria para investigar a fondo los hechos señalados por Montserrat. La formación política sostiene que es imprescindible que se garantice la equidad en el mercado y que se eviten situaciones de privilegio que puedan surgir de decisiones regulatorias a nivel nacional. “La confianza de los ciudadanos en las instituciones europeas no puede verse comprometida por decisiones que afecten la transparencia y la competencia leal”, concluyó la eurodiputada, reafirmando la necesidad de que Europa cumpla con su responsabilidad de velar por un mercado justo y transparente.