La Cámara Federal de Rosario ha ratificado el procesamiento del juez federal Gastón Salmain y el escribano Santiago Busaniche en el marco de la causa conocida como “Atilla”. Esta investigación se centra en la presunta venta de fallos a cambio de coimas, donde se señala que Salmain habría emitido resoluciones favorables a una financiera a cambio de sobornos. Este caso no solo resalta la gravedad de la corrupción en el sistema judicial, sino que también pone en jaque la integridad de las instituciones en un contexto político y económico complicado.
Salmain, quien se desempeña como titular del Juzgado Federal N° 1 de Rosario, enfrenta múltiples acusaciones relacionadas con corrupción y se encuentra bajo la lupa del Consejo de la Magistratura, que podría llevar a su destitución. A pesar de que se le ha impuesto una prisión preventiva, el juez mantiene su libertad debido a sus fueros, lo que plantea interrogantes sobre la eficacia del sistema judicial para abordar casos de corrupción que involucran a sus propios miembros.
La causa se origina en un intento por parte de Attila Fideicomisos SRL de acceder al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), donde buscaba obtener diez millones de dólares a la tasa oficial en un contexto de cepo cambiario y brecha entre el dólar oficial y el blue. Esta operación se concretó gracias a una medida cautelar dictada por Salmain, lo que ha generado serias dudas sobre la legalidad de sus acciones y su compromiso con la justicia.
El financista Fernando Whpei, ahora colaborador de la justicia como “arrepentido”, ha revelado detalles que complican aún más la situación del juez y el escribano. Whpei confesó haber estado involucrado en esta maniobra irregular y aportó pruebas que implican tanto a Salmain como a Busaniche. Según su testimonio, ambos solicitaron una coima del 10% sobre la diferencia cambiaria entre el dólar oficial y el blue, lo que representaba alrededor de 200.000 dólares.
Este escándalo se produce en un contexto de cambio gubernamental, específicamente en diciembre de 2023, justo cuando el presidente Javier Milei implementó una devaluación que afectó drásticamente la brecha cambiaria. Esta situación ha llevado a muchos a cuestionar la coincidencia entre actos de corrupción en el ámbito judicial y decisiones políticas que impactan la economía del país. Las declaraciones de Whpei, bajo la ley 27.304, han ampliado las imputaciones, incluyendo delitos como cohecho y prevaricato, lo que aumenta la presión sobre los acusados.
La defensa de Salmain ha argumentado que el procesamiento es prematuro y que aún no se han presentado pruebas suficientes para justificarlo. Aseguran que la declaración de Whpei contiene contradicciones y que no existe un acuerdo previo que confirme el cobro de coimas. Asimismo, han señalado que el delito de prevaricato requiere un estándar probatorio elevado, lo que podría complicar la tarea de la fiscalía en este caso.
Por su parte, la defensa de Busaniche ha cuestionado la validez del acuerdo de colaboración de Whpei, defendiendo que su grado de responsabilidad no es equiparable al del financista. Esta serie de alegaciones y defensas pone de manifiesto la complejidad del caso y la lucha por la verdad en un sistema que, según muchos, se ve amenazado por la corrupción en sus niveles más altos.
La causa “Atilla” no solo pone en evidencia la corrupción en el ámbito judicial, sino que también invita a reflexionar sobre la necesidad de reformas estructurales en el sistema para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas. A medida que avanza la investigación, la sociedad observa con atención cómo se desarrollan los acontecimientos y qué medidas se tomarán para restablecer la confianza en las instituciones.
