El Consejo de la Magistratura ha tomado la decisión de suspender al juez federal de Rosario, Gastón Salmain, quien ahora se enfrenta a un juicio político que podría llevarlo a la destitución. Esta medida se produce tras la pérdida de sus fueros, que hasta el momento le habían permitido eludir la prisión preventiva dictada en su contra por un caso de corrupción. La unanimidad del Plenario en esta resolución refleja la seriedad de las acusaciones que pesan sobre el magistrado y el contexto de crisis de confianza en el sistema judicial.
El magistrado, que se encuentra en el centro de un escándalo por presuntos actos de corrupción, podría ser detenido en las próximas horas. La orden de arresto preventiva recae en el juez Carlos Vera Barros, quien actúa como subrogante del Juzgado Federal N° 4 de Rosario. Según fuentes judiciales, Salmain tiene pendiente una apelación respecto a esta orden de detención, además de haber solicitado cumplir su arresto en prisión domiciliaria, donde podría permanecer con un dispositivo de monitoreo electrónico.
Las acusaciones contra Salmain son graves y se dividen en dos casos principales. En primer lugar, se encuentra la causa conocida como Attila, donde el juez está acusado de haber incumplido con sus deberes como funcionario público, cohecho pasivo agravado y prevaricato. Se le imputa haber firmado un fallo a favor de un financista a cambio de una coima de 200.000 dólares, lo que habría permitido que este accediera a 10 millones de dólares a un tipo de cambio oficial en un contexto de cepo cambiario y brecha de precios.
El segundo cargo que enfrenta Salmain se relaciona con su historial laboral, donde se le acusa de haber ocultado en su currículum su despido del Poder Judicial en 2002 tras ofrecer una coima para manipular un expediente. Esta cuestión ha generado debate entre los consejeros del organismo, especialmente entre los representantes kirchneristas, quienes expresaron su desacuerdo con que se le acuse de este hecho durante el concurso para su nombramiento como juez, argumentando que el reglamento solo exige declarar sanciones en un período de diez años, y su despido ocurrió antes de ese lapso.
A pesar de las divergencias en torno a las acusaciones, los consejeros peronistas finalmente respaldaron el dictamen del senador Luis Juez, quien lideró la Comisión de Acusación. Juez ha manifestado su opinión sobre Salmain, indicando que el juez está muy alejado del perfil ideal que debería tener un magistrado federal. En sus declaraciones, destacó la gravedad de las sospechas que rodean a Salmain y cuestionó su defensa, en la que el juez sugiere una conspiración en su contra por parte de otros actores de la justicia federal de Rosario.
El contexto en el que se desarrolla este caso es especialmente sensible, dado el clima de desconfianza hacia el sistema judicial argentino. La decisión de suspender a Salmain y llevarlo a juicio político se enmarca en una serie de escándalos de corrupción que han sacudido al país, generando un llamado a la reforma y a la rendición de cuentas en el ámbito judicial. La situación plantea interrogantes sobre la integridad de los magistrados y la necesidad de establecer mecanismos más rigurosos de control y supervisión en el ejercicio de la función judicial.
