La Conselleria de Justicia de la Generalitat de Cataluña abrió un expediente sancionador contra la empresa encargada de la traducción del juicio a cuatro policías nacionales por la mutilación de un ojo a Roger Español durante el operativo del 1-O. La audiencia se realizó la semana pasada y, durante el proceso, se renunció al uso del catalán debido a la falta de solvencia de los traductores asignados.
En un comunicado difundido este miércoles, el departamento informó que recibió dentro del plazo establecido la documentación que había solicitado a la compañía responsable de los servicios de interpretación. Tras analizarla, requirió información adicional y resolvió iniciar un expediente para aplicar las penalizaciones económicas previstas en los pliegos del contrato.
Según explicó la Conselleria, la empresa también se comprometió a implementar medidas organizativas internas para mejorar la asignación de los perfiles profesionales a los servicios requeridos. El departamento deberá evaluar ahora la información complementaria antes de determinar las sanciones que correspondan.
Además, la Conselleria recordó a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que, en situaciones extraordinarias, el artículo 231.5 de la Ley Orgánica del Poder Judicial permite habilitar como intérprete a cualquier persona que conozca la lengua utilizada. Esa alternativa contempla casos que excedan la disponibilidad de los traductores e intérpretes que el Departamento tiene en determinadas sedes judiciales.
El departamento señaló asimismo que corresponde al juez encomendar la traducción a una persona que considere adecuada, de acuerdo con las posibilidades previstas por la normativa vigente.
