El Gobierno español considera “materialmente imposible” diferenciar, antes de las elecciones generales adelantadas para el próximo 29 de noviembre, a las personas que obtuvieron la nacionalidad mediante la llamada “ley de nietos” de aquellas que la adquirieron por otros motivos. La posición fue presentada por la Abogacía del Estado ante el Tribunal Supremo, luego de que el alto tribunal suspendiera de manera cautelar el voto y las nuevas inscripciones en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), salvo en los casos de exilio acreditado.
En el marco del plazo de alegaciones abierto por el Supremo, el Gobierno sostuvo que los registros disponibles no permiten establecer esa diferencia en el breve período que resta hasta los comicios. “O se suspende a todos los españoles inscritos en el CERA —pues los datos que en él se tienen son, globalmente, los de los españoles sin distinción alguna— o no se suspende a ninguno”, planteó la representación estatal.
El escrito también señala que resulta inviable discernir dentro del CERA entre quienes se nacionalizaron al amparo de la “ley de nietos” y “aquellos que son españoles por otros motivos”. Según los servicios jurídicos del Estado, la alternativa planteada por la resolución cautelar impide una aplicación diferenciada de la medida en los plazos establecidos por la legislación electoral.
Además, la Abogacía del Estado acusó a Vox de perseguir como “verdadero propósito” la eliminación del derecho de voto de los españoles procedentes del exilio exterior. El Gobierno sostuvo que ese objetivo sería contrario a la “constante voluntad del legislador desde 2007”, en relación con el reconocimiento de ese derecho para los ciudadanos españoles residentes fuera del país.
