En el marco de las políticas de seguridad y cooperación internacional, el Gobierno español ha reafirmado que la organización terrorista ETA, aunque inactiva desde 2011 y disuelta oficialmente en 2018, continúa figurando en la lista de entidades terroristas de la Unión Europea. Esta lista es fundamental para la colaboración policial y judicial entre los Estados miembros, ya que permite abordar de manera coordinada los desafíos que plantea el terrorismo y la justicia penal en el continente europeo.

El Ejecutivo ha señalado que, a pesar de la disolución de ETA, los mecanismos de cooperación internacional permanecen activos y se centran en la investigación de delitos pasados y en la responsabilidad individual de los miembros de la organización. Este enfoque busca garantizar que los crímenes cometidos durante años de actividad terrorista no queden impunes, a pesar de la inactividad actual del grupo. En este sentido, el Ministerio del Interior ha aclarado que no se han realizado modificaciones en la lista de entidades terroristas ante las instancias europeas, reafirmando así el compromiso del Gobierno con la memoria de las víctimas de la violencia.

En respuesta a un requerimiento del diputado de UPN, Alberto Catalán, el Gobierno ha explicado que la lista de grupos y personas vigiladas por la Unión Europea se ha mantenido desde su creación en 2001. Esta respuesta ha dejado en claro que la estructura que sostiene la vigilancia de estas organizaciones sigue operativa y no ha sufrido cambios significativos. La actualización de esta lista se realiza periódicamente, lo que garantiza que se mantenga al día con las dinámicas del terrorismo y la seguridad en Europa.

Es importante destacar que la lista de organizaciones terroristas de la Unión Europea se divide en dos categorías. La primera, establecida tras los atentados del 11 de septiembre de 2001, incluye actualmente a 23 organizaciones y 13 individuos. Las entidades incluidas en esta lista enfrentan restricciones significativas, como la prohibición de viajar dentro de la UE, la congelación de sus activos y limitaciones en el acceso a recursos económicos, lo que demuestra la seriedad con la que la UE aborda el problema del terrorismo.

Aunque ETA no figura en la lista principal de organizaciones sancionadas, permanece en un anexo relacionado con la Posición Común europea 2009/468/PESC. Este anexo, aunque no se actualiza desde 2009, sigue vigente y es un recordatorio de la historia reciente de España y de las luchas contra el terrorismo en el país. El Gobierno ha reiterado que, a pesar de la inactividad de ETA, la cooperación judicial y policial en relación con las investigaciones de delitos pasados sigue siendo una prioridad.

El compromiso del Gobierno con las víctimas de ETA y de otras organizaciones terroristas no solo se refleja en la continua vigilancia de estos grupos, sino también en la búsqueda de justicia para aquellos que sufrieron a causa de la violencia. La dignidad y la memoria de las víctimas son elementos centrales en la política del Ejecutivo, que busca asegurar que los responsables de crímenes de terrorismo sean llevados ante la justicia. En este contexto, se espera que la cooperación internacional en la lucha contra el terrorismo y el apoyo a las víctimas continúen siendo pilares fundamentales de la estrategia de seguridad del Gobierno español.