El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, anunció recientemente que el Ejecutivo enviará al Congreso un proyecto de reforma a la Ley General de Sociedades, que data de 1972, durante la dictadura de Alejandro Lanusse. Esta normativa ha regulado aspectos fundamentales relacionados con la constitución, la organización, el funcionamiento, la disolución y la liquidación de las sociedades comerciales en Argentina. El objetivo de este cambio es otorgar mayor autonomía a las empresas, reduciendo el control estatal y promoviendo un entorno más dinámico y menos burocrático que favorezca la inversión y el crecimiento empresarial.
La propuesta de reforma busca reemplazar un marco legal que muchos consideran obsoleto y restrictivo, por uno que priorice la libertad y la desregulación. Según Sturzenegger, el proyecto representa un salto hacia un régimen más flexible, que permita a las empresas operar con mayor libertad y sin las limitaciones que actualmente impone la ley vigente. En sus declaraciones, enfatizó que las nuevas normas serían supletorias, lo que significa que el estatuto de cada empresa tendría primacía sobre la regulación estatal, promoviendo así un esquema de auto-regulación.
Uno de los cambios más significativos que se plantea en la reforma es la flexibilización del objeto social de las sociedades. En la actualidad, las empresas deben especificar en su estatuto las actividades que pueden realizar, lo que a menudo limita su capacidad de adaptación a un entorno económico cambiante. Con esta reforma, se permitirá que una misma sociedad desarrolle múltiples actividades sin necesidad de especificar un vínculo entre ellas. Esto implica que, si el estatuto no establece un objeto concreto, la empresa podrá dedicarse a cualquier actividad lícita, facilitando así la diversificación de sus operaciones.
Además, la reforma prevé la posibilidad de que las sociedades resuelvan sus conflictos internos bajo legislaciones extranjeras o mediante mecanismos de arbitraje privado, sin depender de la justicia local. Este aspecto es particularmente relevante, ya que busca alinear el sistema argentino con prácticas internacionales más ágiles y eficientes, como las que se observan en lugares como Dubái. Sturzenegger subrayó que este cambio permitirá a los socios elegir el régimen jurídico que deseen para resolver disputas, lo que podría atraer a inversionistas extranjeros interesados en un entorno más predecible y menos burocrático.
La digitalización es otro de los ejes fundamentales de la reforma, que propone la implementación de un sistema completamente electrónico para la gestión de sociedades. Entre las innovaciones se incluyen el domicilio electrónico, los registros digitales, la realización de asambleas virtuales y la constitución de sociedades mediante firma digital. Sturzenegger afirmó que con esta modernización, los expedientes en papel quedarán obsoletos, facilitando así un acceso más rápido y eficiente a la información y a los trámites relacionados con las sociedades.
Finalmente, una de las propuestas más controversiales del proyecto es la creación de un marco legal específico para las sociedades anónimas, que podría modificar sustancialmente el funcionamiento de estas entidades en el país. La reforma busca fomentar un clima de negocios más atractivo y competitivo, en un contexto donde la economía argentina enfrenta desafíos significativos. Sin embargo, este avance también genera inquietudes en torno a la posible reducción de controles estatales, lo que podría afectar la protección de los derechos de los trabajadores y consumidores. En definitiva, la reforma de la Ley de Sociedades refleja una apuesta por un modelo más liberal y adaptado a las exigencias del siglo XXI, pero que requerirá de un análisis cuidadoso sobre sus implicancias a largo plazo en la estructura empresarial del país.
