El Gobierno rechazó que haya existido falta de control sobre el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) y cuestionó las sospechas de una supuesta “alteración artificial” planteadas por Vox, al considerar que el partido no señaló irregularidades concretas. La respuesta fue presentada por la Abogacía del Estado, en representación del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, ante una demanda impulsada por la formación que dirige Santiago Abascal.
El recurso tramita ante el Tribunal Supremo y cuestiona una decisión de la Junta Electoral Central (JEC) vinculada con las nacionalizaciones de descendientes de españoles previstas en la denominada “ley de nietos”. En esa resolución, la JEC sostuvo que no tenía competencias para intervenir frente a esas incorporaciones, aunque parte del organismo había advertido sobre un “incremento irregular” del censo electoral.
El Ejecutivo pidió a la Sala de lo Contencioso-Administrativo que confirme la plena conformidad a derecho de la actuación impugnada. Según el escrito, el aumento cuantitativo del padrón no constituye por sí mismo un indicio, y mucho menos una prueba, de irregularidad, ya que un crecimiento puede ser estadísticamente significativo y estar jurídicamente justificado.
La Abogacía del Estado también sostuvo que la demanda de Vox deriva de la cifra total una sospecha de alteración artificial, pero no identifica inscripciones duplicadas, personas que no tengan formalmente la nacionalidad española ni altas realizadas sin la correspondiente comunicación registral. En ese sentido, planteó que la objeción del partido no apunta a la exactitud técnica del censo.
