El Gobierno argentino ha tomado la decisión de promover la derogación de la Ley de Etiquetado Frontal, normativa que obliga a los productos alimenticios a mostrar claramente la información sobre nutrientes críticos en sus envases. Esta iniciativa ha suscitado un intenso debate entre diversos sectores de la sociedad, en especial aquellos que se oponen a la eliminación de los octógonos negros, que funcionan como advertencias sobre el contenido de azúcares, grasas, sodio y calorías en los alimentos. La reactivación de esta discusión genera incertidumbre respecto al futuro de la regulación alimentaria en el país, así como sobre el impacto que podría tener en la industria y, en última instancia, en el consumidor.
La presidenta de la Comisión Directiva de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL), Carla Martín, expuso la postura del sector empresarial en el marco de una reciente entrevista. Según Martín, la industria alimentaria nunca se opuso al fin de la ley, sino que cuestiona la efectividad de la herramienta que se ha elegido para informar a los consumidores. A su juicio, el problema radica en que el sistema actual de etiquetado no logra brindar información clara y precisa, lo que podría resultar contraproducente para la salud de la población.
Martín argumentó que el sistema de octógonos negros no es capaz de diferenciar adecuadamente los productos que presentan variaciones significativas en sus valores nutricionales. Por ejemplo, mencionó que hay galletitas que pueden tener hasta un 40% de diferencia en el contenido de grasas saturadas, pero todas llevan el mismo octógono. Esta falta de distinción, según ella, impide que los consumidores hagan elecciones informadas y equilibradas en su alimentación, ya que no pueden identificar adecuadamente cuáles son las opciones más saludables.
Al cuestionar por qué no se opta por mejorar el sistema en lugar de eliminarlo, Martín explicó que la legislación vigente establece un marco rígido que no permite modificaciones. Desde su perspectiva, la única vía posible es derogar la ley actual para abrir el espacio a una nueva normativa que pueda guiar mejor a los consumidores en sus decisiones alimentarias. Este enfoque sugiere un cambio de paradigma en la forma de abordar la nutrición y la información al consumidor.
Otro punto relevante que Martín destacó en su exposición es la función de las advertencias en productos como las gaseosas, que incluyen frases como "no recomendada para niños". Aunque reconoció que estas advertencias cumplen una función informativa, enfatizó que el verdadero problema reside en cómo se evalúan los nutrientes en los productos. Según su análisis, los umbrales establecidos son demasiado altos y, por ende, no incentivan a la industria a mejorar la calidad de sus fórmulas.
La controversia en torno a la ley de etiquetado frontal también abarca su efectividad para impactar los hábitos de consumo. Según datos presentados por Martín, un 62% de los consumidores no toma decisiones basadas en la información proporcionada por el etiquetado actual. Esto plantea interrogantes sobre la utilidad del sistema en términos de su capacidad para orientar a la población hacia elecciones alimentarias más saludables, lo que podría llevar a repensar la manera en que se informa y educa a los consumidores.
Por último, la dirigente empresarial subrayó que la educación alimentaria es un factor clave en la transformación de los hábitos de consumo. En este sentido, la discusión sobre el etiquetado frontal no solo involucra aspectos técnicos y comerciales, sino que también se entrelaza con la responsabilidad de fomentar una cultura de consumo más consciente y saludable entre la población. La posible derogación de la ley podría abrir la puerta a un replanteo más profundo sobre cómo se genera información y se educa en temas de nutrición en el país.
