El Gobierno argentino ha decidido iniciar esta semana el tratamiento de una serie de reformas legislativas que buscan abordar la creciente preocupación por la seguridad y la justicia en el país. Este paquete de medidas, que se espera sea aprobado en el transcurso del trimestre, incluye la incorporación de nuevos tipos de delitos en el Código Penal y un aumento de las penas para delitos ya existentes. La administración actual, liderada por el ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, busca recuperar la iniciativa legislativa en un contexto donde la percepción de inseguridad ha tomado protagonismo en la agenda pública.
A diferencia de lo que se había anticipado a comienzos de año, el Gobierno no presentará de inmediato la ambiciosa reforma integral del Código Penal que había sido anunciada anteriormente. Este proyecto, que contemplaba 920 artículos, había sido elaborado por los exministros Mariano Cúneo Libarona y Patricia Bullrich, pero cambios en el gabinete han llevado a que el nuevo titular de Justicia desee realizar modificaciones antes de su presentación. Mahiques, rodeado de colaboradores cercanos, ha manifestado que su enfoque particular en algunos aspectos del proyecto podría demorar su lanzamiento, aunque se ha desmentido la versión de que no se incrementarían las penas por corrupción en el sector público.
Para no frenar la implementación de medidas que se consideran urgentes, el ministro Mahiques ha optado por presentar un proyecto más acotado. Este texto legislativo se enfocará en nuevas tipificaciones delictivas y en la elevación de las penas para delitos ya existentes, en lo que se considera una primera etapa hacia una reforma más amplia del Código Penal. Fuentes del oficialismo han indicado que este enfoque permitirá abordar de manera más inmediata las preocupaciones de la ciudadanía en torno a la seguridad.
Entre los aspectos destacados del nuevo proyecto se incluye un enfoque pro-víctima en los procesos judiciales. Según lo indicado por los impulsores de la iniciativa, este criterio obligará a los jueces a fallar en favor de las víctimas de delitos y garantizará su participación en decisiones clave, como la suspensión del juicio a prueba. La modificación propone que la intervención de las víctimas pase de ser opcional a obligatoria, lo que podría transformar significativamente la dinámica en los tribunales, dándole un mayor peso a las voces de quienes han sufrido delitos.
El proyecto también contempla cambios importantes en la legislación relacionada con delitos migratorios. Se incorporarán al Código Penal cifras que ya están en la Ley de Migraciones, como el tráfico y el fraude migratorio, y se añadirán nuevos tipos penales que castigarán el ingreso y la permanencia ilegal de extranjeros en el país. Las penas propuestas oscilarán entre uno y veinte años de prisión, con agravantes para situaciones que involucren violencia o engaño. Esta medida responde a un contexto donde la migración irregular ha sido un tema candente en el debate público y político.
Por último, el Ministerio de Justicia ha señalado que se aplicarán sanciones más severas a aquellos extranjeros que sean deportados y regresen al país, así como a las organizaciones delictivas que faciliten el tráfico de personas. Estas propuestas buscan reforzar la seguridad y el control sobre la inmigración, en un momento en que la sociedad demanda respuestas más contundentes ante la crisis de seguridad que afecta a diversas regiones del país. El avance de estas reformas refleja no solo una necesidad de adaptación a la realidad actual, sino también el intento del Gobierno de mostrar un compromiso firme con la justicia y la seguridad de la población.
