El Gobierno nacional ha decidido llevar a cabo un nuevo ajuste en las tarifas de gas, el cual comenzará a surtir efecto en las facturas a partir del 1° de abril de 2026. Esta medida fue oficializada a través de la publicación de las resoluciones 371/2026 y 372/2026 en el Boletín Oficial, donde se establecieron los nuevos cuadros tarifarios para las principales distribuidoras de gas en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), METROGAS S.A. y Naturgy Ban.
Este ajuste no solo afectará a los usuarios residenciales, sino que también impactará en las tarifas para los comercios. Con el fin de mantener el acceso al servicio en los sectores más desfavorecidos, se han implementado bonificaciones segmentadas y criterios de facturación que intentan aliviar la carga económica sobre las familias más vulnerables. Sin embargo, el impacto final en cada factura será diferente, dependiendo del nivel de consumo y de la situación económica de cada hogar.
Para aquellos usuarios residenciales que no reciben subsidios, el cargo fijo mensual más bajo (categoría R1) se establecerá en $3.824 en la Ciudad de Buenos Aires, mientras que en el conurbano ascenderá a $4.416. En contraposición, para los niveles de mayor consumo, específicamente la categoría R4, los cargos fijos pueden superar los $91.000 mensuales en la capital, lo que representa un aumento considerable respecto a períodos anteriores. Esta disparidad en los costos refleja la complejidad del sistema tarifario y la necesidad de una revisión exhaustiva por parte de las autoridades.
Este aumento se enmarca dentro de la política de reestructuración del sector energético que ha estado promoviendo el Gobierno, la cual incluye la declaración de emergencia en energía, nuevas normativas para la fijación de precios y la continuidad del programa Plan Gas.Ar. De acuerdo con lo establecido, los nuevos cuadros tarifarios deberán alinearse con el Precio Anual Uniforme (PAU) que determina la Secretaría de Energía, el cual servirá como referencia para trasladar los costos a los usuarios finales.
El PAU no solo será la base para el cálculo de las tarifas, sino que también se usará para aplicar los descuentos del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), diseñado para garantizar que los hogares en situación vulnerable puedan acceder al servicio básico de gas. Esta estrategia busca mitigar el impacto que las subas tarifarias tienen sobre los sectores más desprotegidos de la sociedad argentina, aunque la eficacia de estos subsidios siempre está sujeta a debate.
Además, la implementación de la Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT) para el periodo 2025-2030 anticipa aumentos mensuales consecutivos basados en índices que serán definidos por la autoridad regulatoria. Esto indica que los usuarios deben prepararse para un escenario de ajustes permanentes, lo que genera incertidumbre en un contexto de inflación y de aumento de costos en los servicios públicos en general.
En marzo de este año, un hogar promedio del AMBA que no recibe subsidios destinó aproximadamente $213.557 a la canasta de servicios, cifra que resalta la presión económica que enfrentan los ciudadanos. La reciente subida en las tarifas de gas añade más carga sobre los ingresos de las familias, lo que despierta preocupación sobre la capacidad de los hogares para afrontar estos gastos cada vez más elevados. La situación se vuelve crítica, y el Gobierno deberá considerar medidas adicionales para mitigar el impacto de estas subas en la calidad de vida de los usuarios.
