El Ministerio de Capital Humano se encuentra en la fase final de definición de las sanciones económicas que se impondrán a los sindicatos de trenes y colectivos que participaron en el paro del jueves pasado, en protesta por la reforma laboral. La Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, liderada por Julio Cordero, ha determinado que la medida se debe al incumplimiento de las conciliaciones obligatorias vigentes en las disputas entre la UTA y La Fraternidad, luego de que estas organizaciones se sumaran a la protesta convocada por la Confederación General del Trabajo (CGT).

En lugar de avanzar con la revocación de la personería gremial, el Gobierno ha decidido optar por la imposición de multas monetarias, buscando establecer un precedente claro sobre las implicancias del incumplimiento de las conciliaciones. "No se trata de una venganza, sino de enviar un mensaje contundente sobre la gravedad de no respetar la ley. Históricamente, han actuado sin consecuencias, y eso debe cambiar", comentó una fuente oficial.

La Secretaría de Trabajo había advertido previamente a los sindicatos que cualquier medida de fuerza constituiría una violación de la conciliación laboral obligatoria. Desde la cartera a cargo de Sandra Pettovello, un referente del Gobierno, se está trabajando en la cuantificación de las multas, que se basarán en el número de trabajadores que se ausentaron el día del paro, y cuyo impacto se relaciona con el tratamiento del proyecto de reforma laboral que estaba en discusión en la Cámara de Diputados y que recibió media sanción.

El Gobierno busca que la sanción sea significativa, en función del daño causado por el paro, y aunque inicialmente se contempló la posibilidad de retirar la personería jurídica de los gremios, se optó por este camino más directo y efectivo, que les brinda a los sindicatos una segunda oportunidad, a la vez que deja en claro que el incumplimiento tendrá consecuencias serias.