El Gobierno argentino ha tomado una decisión trascendental al derogar un total de 58 normativas relacionadas con el comercio interior, afectando directamente programas emblemáticos como Ahora 12, Cuota Simple y Precios Cuidados. Esta medida, oficializada a través de la Resolución 12/2026 y la Disposición 534/2026, busca eliminar regulaciones que, según el Ejecutivo, generaban confusiones y ambigüedades en el marco jurídico y regulatorio del país. Con esta acción, el Gobierno pretende simplificar el panorama normativo, que a lo largo de los años se ha vuelto complejo y poco claro.
El contexto de esta remoción de normativas se enmarca en un esfuerzo más amplio del Gobierno por avanzar en su agenda legislativa, que incluye la Ley hojarasca impulsada por el ministro de Economía, Federico Sturzenegger. Esta propuesta busca derogar y modificar más de 70 regulaciones que, en la visión del oficialismo, contribuyen a la sobrerregulación y la burocracia estatal. En un entorno donde la economía demanda agilidad y claridad, la administración actual sostiene que estas reformas son necesarias para facilitar el funcionamiento del comercio y mejorar la vida de los ciudadanos.
La argumentación del Gobierno se basa en el hecho de que muchas de las disposiciones derogadas fueron creadas bajo marcos regulatorios que han sido modificados o eliminados en su totalidad. Entre las normativas derogadas se encuentran aquellas relacionadas con la Ley de Abastecimiento, la Ley de Góndolas y el Observatorio de Precios, que según el Gobierno, han perdido su aplicabilidad y relevancia en el contexto actual. Esta situación ha generado un entorno de inseguridad jurídica, lo que, a su vez, restringe el libre desenvolvimiento de los ciudadanos en sus actividades diarias.
Uno de los puntos más críticos de esta medida es la eliminación de 30 normas que estaban asociadas a los programas de financiamiento al consumo, como Ahora 12 y Cuota Simple. Este último, que había sido implementado durante la gestión de Javier Milei, permitía a los consumidores financiar sus compras a tasas fijas y preferenciales, pero dejó de operar en junio de 2025 sin posibilidad de renovación. La desaparición de estas iniciativas ha dejado un vacío en el acceso a financiamiento, especialmente para pequeñas y medianas empresas, que a menudo dependen de estas opciones para mantener su competitividad.
A pesar de la derogación de estas regulaciones, se ha observado que bancos, billeteras virtuales y procesadoras de pago han intentado cubrir el vacío dejado por programas como Cuota Simple, lanzando alternativas propias. Sin embargo, el contexto de tasas de interés más elevadas ha limitado estas opciones, dificultando que los consumidores accedan a financiamiento accesible. Esto plantea un desafío significativo para el comercio, que se enfrenta a una caída en la demanda y a una creciente presión sobre sus márgenes de ganancia.
Además de los programas de financiamiento, la resolución también ha afectado a Precios Cuidados, un programa que data de 2014 y que buscaba establecer acuerdos de precios en productos de consumo masivo. Este programa ha evolucionado a lo largo del tiempo, incluyendo productos esenciales como alimentos y artículos de limpieza, pero su reciente derogación plantea dudas sobre la estabilidad de los precios en el mercado. La incertidumbre generada por esta decisión podría tener repercusiones en la inflación y en el poder adquisitivo de los consumidores en un momento crítico para la economía argentina.
