Una vez más, el Gobierno liderado por Javier Milei logró desactivar la movilización convocada contra su proyecto de reforma laboral. La marcha, que se llevó a cabo en las cercanías del Congreso, no logró reunir la cantidad de asistentes esperada, lo que evidencia un debilitamiento en la capacidad de organización de los grupos convocantes.

A medida que transcurrió la jornada, se hizo evidente que los gremios, incluyendo a la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y las dos Centrales de Trabajadores de la Argentina (CTA), no lograron captar el apoyo masivo que suelen recibir en este tipo de eventos. A pesar de que la Confederación General del Trabajo (CGT) había convocado a un paro general, la falta de movilización efectiva dejó al descubierto la realidad de que muchos de los asistentes llegaron al centro porteño en vehículos particulares, en lugar de utilizar el transporte público.

Las fuerzas de seguridad también jugaron un papel crucial en estas movilizaciones. Con un protocolo antipiquetes implementado por el Ministerio de Seguridad de la Nación, la presencia de efectivos de Gendarmería y la Policía Federal, junto a la colaboración de otras fuerzas, contribuyó a que las manifestaciones fueran significativamente menos concurridas que en años anteriores. Comparando con el pasado reciente, los números de esta marcha son un claro reflejo de la disminuida capacidad de convocatoria de las organizaciones sociales y sindicales en el actual contexto político.