El oleoducto de Santa Bárbara ha reanudado sus operaciones por primera vez desde 2015, gracias a una decisión del gobierno federal que ha puesto en entredicho la autoridad reguladora del estado de California.

Esta medida, impulsada por la administración de Donald Trump, se basa en la Ley de Producción para la Defensa, argumentando que es vital para satisfacer las necesidades energéticas del país. Sin embargo, este movimiento ha encontrado una fuerte oposición por parte de las autoridades californianas y grupos ambientalistas, quienes temen que la reactivación del oleoducto comprometa la seguridad y la protección de áreas sensibles.

Sable Offshore Corp., la empresa a cargo de la operación, estima que el restablecimiento del flujo de petróleo incrementará en un 17% la oferta interna de crudo en California, lo que consideran crucial para la seguridad nacional. A pesar de esto, el Departamento de Parques de California ha exigido la desactivación de la parte del ducto que cruza el parque estatal de Gaviota, advirtiendo sobre posibles acciones legales si no se toman medidas adecuadas en un plazo de diez días. En respuesta, Sable ha presentado una demanda ante un tribunal federal para defender su derecho a operar bajo esta nueva normativa.