En un contexto marcado por tensiones internas y cambios en la agenda legislativa, el Gobierno argentino, encabezado por Javier Milei, se dispone a avanzar en la derogación de la ley de Etiquetado Frontal de Alimentos. Esta iniciativa, que obliga a los productos alimenticios a exhibir octógonos negros en sus envases para alertar sobre el contenido en azúcares, grasas, sodio y calorías, fue sancionada en 2021 y generó profundas divisiones tanto en el ámbito político como en la sociedad. En las próximas horas, se espera que la Casa Rosada envíe al Congreso un proyecto formal para eliminar esta normativa, en medio de un clima de creciente presión por parte de la industria alimentaria, que siempre se mostró contraria a esta regulación.

La ley de Etiquetado Frontal, que buscaba promover hábitos alimenticios más saludables y prevenir enfermedades crónicas, ha sido objeto de intensos debates desde su implementación. Con su establecimiento, los alimentos envasados y las bebidas no alcohólicas deben mostrar en su cara principal sellos que advierten sobre el exceso de ciertos nutrientes críticos. Además, la ley prohíbe la inclusión de personajes infantiles o promesas de regalos en los productos que contengan al menos uno de los sellos, buscando así proteger a los más jóvenes de una publicidad que podría influir en sus elecciones alimentarias.

Se ha argumentado desde el oficialismo que la derogación de esta ley forma parte de una “batalla cultural” más amplia, impulsada por el partido La Libertad Avanza, que está llevando a cabo una serie de reformas legislativas destinadas a desregular diversos sectores. La reciente media sanción de la ley Hojarasca, que elimina más de 60 normativas consideradas obsoletas, es un claro ejemplo de esta tendencia. Con la presión de la industria alimentaria como telón de fondo, el Gobierno parece decidido a avanzar con este nuevo proyecto, a pesar de la oposición que ha generado en diversos sectores de la población.

Uno de los argumentos que se esgrimen para justificar la derogación de la ley es la falta de uniformidad en las regulaciones de etiquetado entre los países de la región. A diferencia de Argentina, donde se aplican octógonos, en Uruguay se utilizan etiquetas similares pero con diferentes características, mientras que en Chile se ha implementado un sistema de “semáforo” para advertir sobre el contenido de nutrientes. Asimismo, Brasil cuenta con sus propios parámetros, lo que obliga a las empresas a crear empaques diferenciados para cada mercado, generando así un costo adicional.

Desde la Casa Rosada, se reconoce que la presión por parte de la industria alimentaria ha sido un factor determinante para impulsar esta nueva iniciativa. Las empresas del sector argumentan que la derogación de la ley facilitaría su operativa y les permitiría competir de manera más equitativa en un mercado regional donde cada país tiene sus propias exigencias. Sin embargo, esta postura ha sido criticada por expertos en salud pública, quienes advierten que eliminar las advertencias sobre el contenido de los alimentos podría tener consecuencias negativas para la salud de la población, aumentando el riesgo de enfermedades relacionadas con la alimentación.

Con este panorama, la discusión sobre la ley de Etiquetado Frontal se reaviva en el Congreso, donde se espera un debate acalorado sobre los pros y contras de su derogación. La posibilidad de que el Gobierno logre avanzar con este proyecto dependerá de la capacidad de movilización de los diferentes sectores involucrados, tanto a favor como en contra. En un contexto de cambios rápidos y decisiones polémicas, la salud pública y la regulación de la industria alimentaria se encuentran en el centro de la arena política, lo que plantea interrogantes sobre el futuro de la normativa alimentaria en Argentina.