El oficialismo argentino refuerza su control sobre el escenario político al impulsar una serie de proyectos en el Congreso durante las sesiones extraordinarias. Esta estrategia no solo pone de manifiesto el fortalecimiento de los bloques libertarios tras las recientes elecciones de medio término, sino que también evidencia su capacidad para capitalizar la crisis del peronismo. En este contexto, el Gobierno ha logrado negociar con un grupo selecto de gobernadores, fundamentales para asegurar el quórum y la aprobación de iniciativas.

Con una mayoría consolidada, el oficialismo avanza con su agenda, que incluye la controversial reforma laboral. Aunque la inclusión de un artículo polémico sobre las licencias por enfermedad complicó su trámite en el Senado, el proyecto logró superar este obstáculo gracias al apoyo de 24 legisladores alineados con gobernadores, varios de ellos vinculados al peronismo. En este sentido, la reforma se presenta como uno de los pilares fundamentales de la propuesta de “reformulación” del modelo productivo argentino, aunque todavía carece de claridad y sostenibilidad a largo plazo.

A medida que el Gobierno se propone implementar cambios significativos en el ámbito laboral, comienzan a surgir tensiones sociales en respuesta a las condiciones económicas adversas. A pesar de que el oficialismo parece ignorar estas consecuencias, la realidad muestra una creciente conflictividad que podría intensificarse si no se observan mejoras concretas en la economía. El impacto en el mercado laboral es alarmante, con la pérdida de 28.800 empleos registrados solo en noviembre pasado, lo que eleva a más de 270 mil el total de puestos de trabajo perdidos desde el inicio de la gestión de Milei. La situación de empresas tradicionales, como FATE, se agrava, y la falta de representación de estos problemas en el sistema político actual podría derivar en una crisis aún mayor.