El Ministerio de Juventud e Infancia ha decidido incrementar la capacidad del sistema de acogida de menores migrantes no acompañados en las comunidades autónomas, elevando el número de plazas de 14.142 a 17.081. Este cambio, que se encuentra en un borrador de real decreto, fue presentado ante las comunidades en la Conferencia Sectorial de Infancia, aunque la reunión no pudo llevarse a cabo debido a la falta de quórum.
El documento revela una revisión de la capacidad de protección para menores extranjeros no acompañados en cada comunidad autónoma. Según la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, este nuevo marco será elevado de manera inminente al Consejo de Ministros. Este ajuste responde a la necesidad de brindar soluciones adecuadas ante el creciente número de menores que llegan al país sin compañía de adultos, un fenómeno que ha generado preocupación social y política en los últimos años.
Entre las comunidades con mayor capacidad, destacan Andalucía con 3.009 plazas, Cataluña con 2.829 y la Comunidad de Madrid con 2.471. Les siguen la Comunidad Valenciana, Galicia y Castilla y León, aunque el panorama se torna más dispar en regiones con menor población, como Navarra, Cantabria y La Rioja, que cuentan con cifras significativamente más bajas. Por su parte, las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla tienen las capacidades más reducidas, con 29 y 30 plazas, respectivamente, lo que refleja una desigual distribución de recursos entre las distintas regiones.
El cálculo de las plazas disponibles se basa en la población total de cada comunidad a finales de 2025, y se establece un cociente que determina el número máximo de menores atendidos en el sistema de protección español. Este enfoque busca garantizar que cada comunidad autónoma tenga un marco claro para atender a la población menor migrante, aunque la implementación efectiva de estas cifras dependerá de la colaboración entre el gobierno central y las administraciones locales.
Un aspecto relevante del borrador es que las declaraciones de contingencia migratoria previamente establecidas continuarán vigentes en aquellas comunidades que superen tres veces su capacidad ordinaria. Esto sugiere que la situación de los menores migrantes no acompañados sigue siendo crítica y que se requieren medidas urgentes para abordar la problemática de manera integral y sostenible.
Sin embargo, el proceso para implementar estas medidas se ha visto obstaculizado por la ausencia de varias comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular (PP) en la Conferencia Sectorial de Infancia. A pesar de la convocatoria, la falta de representación de estas regiones, a excepción de Ceuta y Canarias, ha llevado a la cancelación del encuentro. Las comunidades del PP argumentaron que su ausencia se debió a irregularidades en la convocatoria, lo que pone de manifiesto las tensiones políticas que rodean la gestión de la migración en el país. Esto plantea la necesidad de un diálogo constructivo entre las distintas administraciones para enfrentar los desafíos que presentan los menores migrantes no acompañados.
El año anterior, el Gobierno ya había tomado medidas en este sentido, aunque la implementación de políticas efectivas ha sido un proceso complicado. La situación actual requiere no solo una ampliación de las plazas disponibles, sino también un enfoque coordinado y colaborativo que garantice la protección y el bienestar de los menores migrantes, un tema que seguirá siendo prioritario en la agenda política nacional.
