En un giro significativo hacia la desregulación económica, el Gobierno argentino ha decidido derogar 16 resoluciones y disposiciones que tenían impacto en el comercio, la industria, las importaciones y programas de consumo. Este cambio, formalizado a través de la Resolución 12/2026 de la Secretaría de Coordinación de Producción, dependiente del Ministerio de Economía, se fundamenta en la idea de que estas normas habían perdido su relevancia y sustento jurídico en el contexto de las reformas implementadas por la actual administración.
La decisión se inscribe dentro de un proceso más amplio de desregulación que el Ejecutivo nacional ha venido promoviendo en los últimos meses. Según se detalla en la resolución, las disposiciones derogadas estaban basadas en marcos regulatorios que fueron modificados o incluso eliminados, tales como la Ley de Abastecimiento, la Ley de Góndolas y la ley que estableció el Observatorio de Precios. Por lo tanto, el Gobierno sostiene que estas normas habían perdido su aplicabilidad y objeto, lo que justifica su eliminación.
Entre las resoluciones derogadas se encuentran aquellas que regulaban el control de precios de ciertos productos, los requisitos de información para la comercialización de bienes, así como los procedimientos de autorización para importaciones. También se han eliminado programas destinados a fomentar el consumo y medidas relacionadas con el Fondo Estabilizador del Trigo Argentino. Esta decisión conlleva un cambio importante en la forma en que se gestionan estos aspectos económicos, lo cual podría tener implicaciones profundas en el mercado y en la vida cotidiana de los ciudadanos.
En los fundamentos de la nueva normativa, el Gobierno argumenta que la proliferación de normativas ha generado una situación de superposición, desactualización y dispersión que complica la comprensión de qué normas siguen en vigencia. La administración señala que esto crea una inseguridad jurídica que limita la capacidad de los ciudadanos para desenvolverse libremente en sus actividades diarias. Esta situación, a juicio del Ejecutivo, no solo afecta a los individuos, sino que también obstaculiza el clima de negocios y la inversión en el país.
Además, la resolución subraya la necesidad de realizar revisiones continuas de la normativa vigente, con el objetivo de que el Estado se concentre en regulaciones que sean verdaderamente relevantes y prioritarias. Este enfoque busca optimizar la respuesta del Gobierno ante las necesidades del mercado y de la sociedad, permitiendo una gestión más ágil y transparente de las políticas económicas.
Cabe mencionar que esta medida se encuentra en línea con el proceso de simplificación regulatoria que el Gobierno ha impulsado y avanza paralelamente al proyecto de Ley Hojarasca. Esta propuesta legislativa, que ya ha recibido media sanción en la Cámara de Diputados, busca derogar una serie de leyes que el oficialismo considera obsoletas, anacrónicas o incompatibles con el marco normativo actual. En conjunto, estas iniciativas reflejan un intento del Gobierno por modernizar el sistema regulatorio y fomentar un entorno económico más favorable para el desarrollo del país.
