En un contexto político marcado por la reciente aprobación de la ley de Glaciares, el Gobierno argentino se prepara para llevar al Congreso la discusión sobre la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). Este tratado, considerado fundamental para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales con Estados Unidos, se encuentra en la agenda legislativa como una de las prioridades del oficialismo. La necesidad de avanzar en este tema se enmarca en el acuerdo de libre comercio firmado con Washington, que establece como compromiso la sanción de esta norma antes del 30 de abril próximo.
La presión por modernizar la legislación sobre propiedad intelectual en Argentina proviene directamente de las autoridades estadounidenses, quienes han manifestado su preocupación por las dificultades que enfrenta el país en esta área. En su informe “Special 301” correspondiente a 2025, la Oficina del Representante de Comercio de la Casa Blanca destacó que Argentina aún enfrenta desafíos significativos que afectan a las industrias intensivas en propiedad intelectual. Entre los problemas más alarmantes se menciona el caso del mercado físico de La Salada en Buenos Aires, conocido por la venta de productos falsificados, lo que refleja la necesidad urgente de implementar regulaciones más efectivas.
La situación se complica aún más dado que, para que el tratado entre en vigencia, el Gobierno argentino no solo deberá conseguir la aprobación del acuerdo comercial en el Congreso, sino que también será necesaria la aprobación de otras normativas complementarias. Esto incluye el tratado sobre patentes, cuya discusión se ha convertido en un tema de intenso debate en el ámbito político local. Aunque Argentina es miembro de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) y ha suscrito el Convenio de París, su falta de adhesión al PCT ha sido un punto de fricción en las relaciones con Estados Unidos.
El oficialismo se encuentra ante la oportunidad de reactivar un proyecto que ya había obtenido media sanción en el Senado en 1998, pero que jamás fue tratado en la Cámara de Diputados. Aunque la norma podría haber caducado tras un año sin ser discutida, los tratados internacionales tienen un tratamiento diferente, lo que abre una ventana para su reanudación. Sin embargo, la estrategia del Gobierno no está exenta de incertidumbres, ya que se estima que la presentación del texto podría demorar más de lo inicialmente previsto, generando tensiones dentro de la coalición oficialista.
Desde la Casa Rosada, se anticipa que el proyecto de ley que se enviará al Congreso será objeto de modificaciones, dado que se trata de un texto que data de hace más de dos décadas. Las actualizaciones son imprescindibles, no solo para adaptarse a las exigencias del acuerdo firmado con Estados Unidos, sino también para abordar aspectos que han quedado obsoletos en la legislación actual. Un miembro cercano al círculo de Javier Milei señaló que se realizarán ajustes importantes para que el contenido del proyecto responda a las necesidades contemporáneas y al contexto internacional.
Por otro lado, algunos actores involucrados en la elaboración de este proyecto han expresado su preocupación respecto a la falta de consenso político y la resistencia que podrían enfrentar en el Congreso. La clave para el éxito de esta iniciativa radicará en la habilidad del oficialismo para negociar y encontrar puntos de acuerdo con los distintos sectores políticos que, en ocasiones, han mostrado reticencias a avanzar en cuestiones vinculadas a la propiedad intelectual. A medida que se acerca la fecha límite, el Gobierno deberá actuar con rapidez y eficacia para cumplir con sus compromisos internacionales y, al mismo tiempo, fortalecer las instituciones locales en el ámbito de la propiedad intelectual.
