El presidente Javier Milei reafirmó su compromiso con la política de superávit fiscal en un escenario marcado por la disminución de la recaudación. Durante su intervención en el AmCham Summit 2026, evento organizado por la Cámara de Comercio de Estados Unidos en Argentina, el mandatario enfatizó la necesidad de continuar con los ajustes en el gasto público. "La motosierra no se detiene", declaró, insistiendo en que la reducción de impuestos es una prioridad, a la que considera un "robo".
En este contexto, el Ministerio de Economía ha implementado medidas para contener el gasto primario, lo que ha llevado a retrasos en las transferencias de fondos. Según informes de la Tesorería de la Nación, la deuda flotante de la Administración Central, que abarca la Presidencia, los ministerios y los poderes Judicial y Legislativo, experimentó un aumento del 60% en términos reales interanuales en febrero de este año. Esta cifra se traduce en un incremento de los pagos pendientes desde $472.296 millones el año anterior a más de $1 billón en 2026, lo que representa un aumento nominal del 116%.
Las transferencias de la Administración Pública Nacional (APN) incluyen un amplio rango de conceptos que abarcan desde envíos a provincias hasta subsidios al sector privado. Esta situación ha generado demoras en los pagos a empresas de transporte del área metropolitana, que han reportado una reducción en la frecuencia de servicios y protestas por parte de choferes. Además, el Ministerio de Economía ha enfrentado críticas por los retrasos en los pagos al PAMI, lo que ha llevado a los médicos a llevar a cabo una protesta de 72 horas, ya que no han recibido sus salarios, afectando también a las clínicas que no han podido cobrar por sus servicios.
Es importante señalar que la deuda total exigible de la Administración Central alcanzó los $1,9 billones, de los cuales $1,6 billones corresponden a 2026 y $252.478 millones son remanentes de 2025. Esta cifra implica una caída real del 13,7% en la deuda flotante, atribuida principalmente a la disminución de los Gastos Figurativos, que son deudas intraestado. En febrero de 2026, esta deuda era de $846.242 millones, mientras que este año se redujo a $399.667 millones, evidenciando una disminución del 52%.
Graciela Ocaña, exdirectora del PAMI y actual legisladora por Confianza Pública, ha criticado la estrategia del ministro de Economía, Luis Caputo, al señalar que está postergando los fondos destinados al PAMI, a los distritos y al transporte para poder mostrar un superávit fiscal. Esta opinión es respaldada por el economista Lorenzo Sigaut Gravina, quien ha afirmado que para mantener el superávit primario, es esencial frenar los pagos. Según sus declaraciones, si se hubieran realizado los pagos a tiempo, se habría observado un mayor gasto en comparación con los ingresos, lo que complicaría aún más la situación fiscal del país.
La estrategia del Gobierno, centrada en la reducción del gasto y el control de la deuda, plantea un dilema en la gestión de los recursos públicos y el bienestar de los ciudadanos. La falta de fondos para áreas cruciales como salud y transporte puede tener repercusiones negativas en la calidad de vida de la población y en la estabilidad social. En un momento en que la economía argentina enfrenta múltiples desafíos, la forma en que se manejen estas cuestiones será fundamental para el futuro del país y su capacidad para cumplir con los compromisos internacionales.
Con la mirada puesta en el cumplimiento de las metas fiscales, el Gobierno se enfrenta a la complejidad de equilibrar la austeridad con la necesidad de atender las demandas sociales. A medida que avanzan los meses, será indispensable observar cómo estas decisiones impactan en la economía real y en la percepción de la ciudadanía sobre la gestión del Ejecutivo.
