La controversia en torno a la deuda con bonistas del 2001 sigue vigente, y el Gobierno argentino se encuentra en la búsqueda de una solución definitiva. En este contexto, el Senado está ante la posibilidad de tratar un proyecto que busca cerrar un litigio con dos fondos de inversión, Bainbridge Ltd y Attestor Value Master Fund LP, que reclama un total de 171 millones de dólares. La jueza estadounidense Loretta Preska había sido la encargada de llevar adelante la causa, que ahora podría tener un desenlace en el corto plazo.
Para facilitar el avance del proyecto, el ministro de Economía, Luis Caputo, ha convocado a senadores de diversas agrupaciones, incluyendo a representantes del espacio libertario y aliados del oficialismo. Este movimiento es parte de una estrategia para asegurar una mayoría en la Cámara alta y lograr la aprobación del acuerdo en un plazo breve. El primer paso de esta estrategia es obtener un dictamen en un plenario de las comisiones de Presupuesto y Economía, programado para este miércoles. Sin embargo, la reunión se demoró por cuatro horas para permitir la asistencia de algunos legisladores libertarios que debían participar en la defensa de la gestión de Manuel Adorni en Diputados.
Durante el encuentro, un senador que participó de la reunión con Caputo afirmó que el motivo principal de la convocatoria fue discutir los términos del pago a los fondos buitre. La expectativa es que el proyecto sea aprobado en la primera quincena de mayo, aunque esto no está garantizado. Los legisladores han expresado que la discusión también abarca la situación económica general y las obras que las provincias requieren con urgencia, lo que se ha convertido en un reclamo común entre los senadores.
A pesar de contar con una mayoría parlamentaria, el Gobierno enfrenta la incertidumbre de cumplir con la fecha límite impuesta por la Justicia estadounidense, que estipula el 30 de abril como plazo máximo. Este objetivo se presenta como poco realista, dado que el proyecto ingresó al Senado el 17 de abril. Un documento firmado por Javier Milei, junto a Adorni y el ministro Mahiques, advierte sobre las posibles consecuencias de no cumplir con los plazos, lo que abriría la puerta a reanudar litigios con condiciones financieras más desfavorables para el país.
Los fondos Bainbridge Ltd y Attestor Value Master Fund LP se encuentran en el centro de la controversia, dado que ambos mantuvieron su deuda soberana en el contexto del default argentino de 2001, pero no formaron parte del acuerdo alcanzado en 2016 durante la gestión de Mauricio Macri. Bainbridge, por ejemplo, logró una sentencia favorable en diciembre de 2020 que le permitía reclamar poco más de 96 millones de dólares, y ha iniciado acciones legales para cobrar la deuda a través de activos del Estado argentino, como acciones en el Banco Nación y Aerolíneas Argentinas.
Por su parte, Attestor Value Master Fund LP, un fondo de inversión con sede en las Islas Caimán, también presenta un reclamo significativo. Este fondo incluye a siete demandantes acreedores y ha obtenido 16 sentencias favorables entre julio de 2020 y agosto de 2024, lo que suma un total aproximado de 266 millones de dólares en reivindicaciones. El desenlace de esta situación es crucial no solo para el Gobierno argentino, sino también para la estabilidad económica del país, que busca dejar atrás las secuelas de un pasado de litigios y defaults que aún pesan sobre su economía.
