La Paz, 20 de junio (Redacción Medios Digitales) - En un giro decisivo en la gestión del conflicto social que sacude a Bolivia, el Gobierno de Rodrigo Paz ha declarado un estado de excepción en respuesta a los bloqueos de carreteras que han afectado la circulación de bienes esenciales en el país. Esta medida, adoptada el pasado sábado, busca restablecer el orden tras un mes de movilizaciones por parte de sectores campesinos y seguidores del expresidente Evo Morales, lo que ha derivado en un significativo desabastecimiento de alimentos, combustible y oxígeno medicinal, además de pérdidas económicas que se estiman en más de 3.000 millones de dólares.

El decreto que establece el estado de excepción, el número 5636, deberá ser ratificado por el Legislativo en un plazo de 72 horas. La normativa autoriza la intervención de las Fuerzas Armadas, que colaborarán con la Policía en el control de la situación, marcando un punto de inflexión en la respuesta del Estado ante las manifestaciones masivas. La decisión del Gobierno se produce en un contexto de creciente tensión social, donde las demandas legítimas de varios sectores sociales se han visto empañadas por la radicalización de las protestas.

Los bloqueos de carreteras se iniciaron el 6 de mayo, impulsados por una alianza entre la Federación de Campesinos de La Paz, la Central Obrera Boliviana (COB) y otros grupos sociales de la ciudad de El Alto. A esta movilización se unieron grupos afines a Morales, quien ejerció la presidencia entre 2006 y 2019, exigiendo la renuncia del actual mandatario. Si bien la COB llegó a un acuerdo con el Gobierno el viernes pasado para intentar pacificar la situación, otros sectores, principalmente campesinos y leales a Morales, decidieron continuar con los bloqueos, lo que ha llevado a un desabastecimiento alarmante en varias ciudades del país.

A lo largo de las últimas semanas, los bloqueos se han extendido a ocho de las nueve regiones del país, generando más de un centenar de puntos de corte. Sin embargo, la situación parece estar comenzando a cambiar, ya que la cantidad de bloqueos se ha reducido a 44 en cuatro departamentos, aunque el impacto en la economía y en la vida cotidiana de los ciudadanos sigue siendo severo. El presidente Paz, quien asumió el cargo hace siete meses, ha manifestado que la implementación del estado de excepción es una medida necesaria para "liberar las carreteras del país" tras haber agotado las instancias de diálogo.

Paz también ha señalado que su intención no es desestabilizar el país, sino devolver la normalidad a la vida de los ciudadanos que se han visto afectados por la falta de acceso a productos vitales. En sus declaraciones, el presidente ha planteado la existencia de "infiltrados del narcoterrorismo" que operan desde el Trópico de Cochabamba, el bastión político de Morales, sugiriendo que algunos de estos actores buscan desestabilizar su gobierno mediante el conflicto actual.

El decreto establece una serie de prohibiciones que buscan garantizar la normalidad en el transporte y la comercialización de bienes esenciales. Se prohíben los bloqueos de carreteras, así como la obstrucción del transporte de alimentos, combustibles y medicamentos. Además, se advierte sobre la prohibición de la utilización de explosivos o cualquier elemento que impida la circulación, y se establece que las fuerzas de seguridad están facultadas para arrestar a quienes incumplan con estas disposiciones. La situación en Bolivia continúa siendo tensa, y el desarrollo de los acontecimientos en los próximos días será crucial para determinar si se logra una pacificación duradera o si se intensifican las protestas.

Así, el estado de excepción no solo refleja la gravedad de la crisis social en Bolivia, sino también los desafíos que enfrenta el Gobierno de Paz en su intento por equilibrar las demandas populares con la necesidad de mantener el orden público en un contexto de polarización política y social.