El Defensor del Pueblo español, Ángel Gabilondo, ha hecho un llamado a la colaboración interadministrativa para asegurar el derecho a la vivienda, un tema que ha cobrado relevancia en los últimos años debido a la crisis habitacional que afecta a muchos ciudadanos. Durante su intervención en el Congreso de los Diputados, ante la Comisión Mixta de Relaciones con el Defensor del Pueblo, Gabilondo presentó un informe que abarca un total de 38.762 expedientes tramitados y la atención directa a 44.278 ciudadanos en el último ejercicio. Su mensaje fue claro: solo mediante un acuerdo entre las distintas administraciones se podrá lograr un avance significativo en la garantía de acceso a una vivienda digna.
El Defensor del Pueblo destacó que, en junio de 2025, su institución inició actuaciones de oficio con todas las comunidades autónomas, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, así como con los diez ayuntamientos más poblados del país. La finalidad de esta iniciativa fue solicitar información acerca de las medidas implementadas o previstas para facilitar el acceso a vivienda protegida y asequible. Gabilondo subrayó que estas acciones aún están abiertas y enfatizó la necesidad de colaboración entre todas las partes involucradas para abordar esta problemática de manera efectiva.
El informe presentado por Gabilondo revela que las causas fundamentales de la crisis habitacional incluyen la escasez de vivienda pública y social, que se encuentra muy por debajo de la media europea. Además, el documento señala la falta de ayudas efectivas y los retrasos en su gestión como factores que agravan la situación. Muchos ciudadanos han expresado su frustración al no poder acceder a viviendas a precios de mercado, enfrentándose además a largas esperas en los procesos de adjudicación de vivienda pública y protegida.
La situación es especialmente crítica para jóvenes, personas con bajos ingresos y familias en riesgo de exclusión social, quienes se ven obligados a destinar una porción considerable de sus ingresos al pago de alquileres. En las grandes ciudades y en zonas turísticas la presión sobre el mercado se intensifica, ya que el crecimiento del alquiler turístico reduce la disponibilidad de viviendas asequibles. Gabilondo advirtió que esta realidad no solo afecta la estabilidad económica de estas poblaciones, sino que también incrementa el riesgo de desalojo.
El Defensor del Pueblo ha instado a las administraciones competentes a aumentar el parque de vivienda pública destinada al alquiler y a mejorar la gestión de ayudas disponibles. Además, hizo hincapié en la necesidad de establecer procesos de adjudicación de viviendas que sean transparentes y justos. Gabilondo también abogó por la regulación del alquiler turístico, así como por la implementación de medidas que protejan a las personas vulnerables ante posibles desahucios, sin perder de vista la lucha contra las ocupaciones ilegales.
Por último, Gabilondo manifestó su preocupación por las personas que están en riesgo de ser desalojadas de sus hogares. Muchos de estos individuos, que cuentan con empleo o ingresos de pensiones, se ven forzados a abandonar sus viviendas debido a la imposibilidad de afrontar los aumentos desmedidos de alquiler. Esta situación pone de manifiesto la urgencia de políticas efectivas que garanticen el derecho a la vivienda como un pilar fundamental de la dignidad humana y la cohesión social en España.
