La Unidad de Víctimas del Defensor del Pueblo analiza actualmente 450 expedientes vinculados con abusos sexuales cometidos en el ámbito de la Iglesia católica. De ese total, 149 ya se encuentran en fase de tramitación, una instancia avanzada del procedimiento en la que se determina si corresponde reconocer la condición de víctima y establecer una reparación.
Según informó la institución, hasta el 31 de julio la unidad mantuvo entrevistas personalizadas con 105 víctimas. Además, cuatro casos fueron inadmitidos porque se consideró que las solicitudes no se ajustaban al objeto de trabajo previsto en el protocolo correspondiente.
El protocolo fue firmado el 30 de marzo de 2026 por la Iglesia, el Gobierno y el Defensor del Pueblo, con el objetivo de establecer un sistema de reconocimiento y reparación para las víctimas de abusos sexuales en el ámbito eclesiástico. El documento también fija el funcionamiento del procedimiento y los plazos para resolver cada presentación.
En particular, la cláusula octava, apartado 1.2, establece que, después de estudiar el caso y escuchar a las partes involucradas a través de la Unidad de Víctimas, el Defensor del Pueblo debe elaborar una valoración de reconocimiento o denegación de la solicitud en un plazo máximo de tres meses. Ese período puede extenderse por un mes adicional cuando exista un volumen extraordinario de pedidos o cuando la evaluación presente una complejidad especial.
