El Pleno del Congreso de España se prepara para debatir y votar este martes la propuesta de ley que busca otorgar a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) la función de coordinador de servicios digitales. Esta iniciativa surge en respuesta a las exigencias establecidas por el Reglamento Europeo de Servicios Digitales, conocido como DSA (Digital Services Act). La aprobación de este marco legal es crucial para que la CNMC pueda supervisar de manera efectiva a las grandes plataformas digitales y aplicar el régimen sancionador que estipula la normativa comunitaria.

La necesidad de dotar a la CNMC de un marco jurídico sólido ha sido reconocida desde hace tiempo. En julio de 2025, el Gobierno español había presentado un ambicioso proyecto de ley orientado a mejorar la gobernanza democrática en los servicios digitales y medios de comunicación. Este proyecto, que aborda temas como el pluralismo informativo, la independencia de los medios y la transparencia en la medición de audiencias, se encuentra actualmente en fase de tramitación en el Congreso. Sin embargo, la propuesta que se votará este martes se centra exclusivamente en la CNMC, lo que ha generado críticas sobre la falta de un enfoque integral.

El texto de la nueva iniciativa, impulsado por Óscar López, ministro de Transformación Digital, propone modificaciones a varias leyes vigentes para incorporar las disposiciones de los Reglamentos de la Unión Europea 2022/2065 y 2024/1083. Estos reglamentos no solo abordan la regulación de los servicios digitales, sino que también buscan garantizar la libertad de los medios de comunicación. La modificación más significativa se refiere a la Ley 34/2002, que regula los servicios de la sociedad de la información y el comercio electrónico, donde se establece a la CNMC como el coordinador principal de servicios digitales.

A pesar de que la CNMC ha sido designada como coordinador de servicios digitales desde hace tiempo, su falta de un respaldo legal completo ha limitado su capacidad para ejercer funciones esenciales. Entre estas funciones se encuentran la certificación de alertadores fiables y el acceso a datos de plataformas digitales, tareas que son fundamentales para garantizar la transparencia y responsabilidad en el ámbito digital. La presidenta de la CNMC, Cani Fernández, ha señalado en varias ocasiones que la falta de habilitación legal dificulta el ejercicio de sus competencias, lo que pone en riesgo la efectividad de la supervisión de servicios digitales.

Es importante destacar que esta propuesta de ley no solo se limita a la CNMC, sino que refleja un contexto más amplio en el que se busca garantizar la transparencia y la regulación en el entorno digital. La falta de una regulación adecuada ha permitido que muchas plataformas operen sin el debido control, lo que puede resultar en prácticas desleales y en la difusión de información errónea. En este sentido, la iniciativa del Congreso podría marcar un antes y un después en la forma en que se gestionan los servicios digitales en España.

El debate en el Congreso se presenta como un momento crítico para la regulación digital en el país y podría sentar un precedente importante para futuras legislaciones. La necesidad de un marco regulatorio robusto es más evidente que nunca, especialmente en un panorama digital en constante evolución. La decisión que tome el Congreso no solo impactará a la CNMC, sino que también tendrá repercusiones significativas para los usuarios y proveedores de servicios digitales en toda España.