La Comisión del Estatuto del Diputado tiene previsto aprobar este lunes el suplicatorio solicitado por el Tribunal Supremo para investigar al diputado de Sumar Félix Alonso Cantorné. El legislador está señalado por un presunto delito de prevaricación administrativa relacionado con la adjudicación de contratos durante su etapa como alcalde de Altafulla, en Tarragona. La autorización definitiva, sin embargo, deberá ser aprobada por el Pleno del Congreso la semana siguiente.
Según el Tribunal Supremo, existen indicios de que durante el período en que Alonso ejerció como primer edil, y con su participación, se realizaron adjudicaciones públicas mediante contratos menores. El tribunal sostiene que ese mecanismo podría haber permitido celebrar contratos sin ajustarse a la legislación específica sobre contratación pública.
Alonso declaró voluntariamente ante el Supremo el pasado 15 de junio. En esa oportunidad defendió la legitimidad de las contrataciones y negó haber incurrido en irregularidades. Un mes más tarde, el 14 de julio, el tribunal elevó el pedido de suplicatorio al Congreso para solicitar el levantamiento de su inmunidad parlamentaria.
La Mesa del Congreso recibió la solicitud y la remitió a la Comisión del Estatuto del Diputado, el órgano encargado de realizar una primera evaluación. En septiembre, con el comienzo del período ordinario de sesiones, la comisión, presidida por el diputado del Partido Popular Manuel Cobo, abrió un plazo para que Alonso presentara alegaciones. El legislador decidió no hacerlo.
