El Procurador del Tesoro de la Nación, Sebastián Amerio, enfatizó este domingo que el respaldo formal de Estados Unidos fue fundamental para que Argentina pudiera revertir el fallo judicial relacionado con la expropiación de YPF, evitando así un pago de 18.000 millones de dólares. Durante su intervención, el funcionario resaltó la importancia de la estrategia diplomática y jurídica implementada, que incluyó la participación de EE.UU. y otros países como "amicus curiae" ante la Cámara de Apelaciones, lo que otorgó un peso significativo a la posición argentina en este caso complejísimo.
Amerio detalló cómo la colaboración entre distintas entidades del gobierno argentino, incluyendo la Procuración del Tesoro, la Secretaría Legal y Técnica, la Cancillería y la Embajada en Estados Unidos, bajo la dirección del presidente Javier Milei, permitió construir una postura sólida. Este esfuerzo conjunto fue vital para obtener el respaldo internacional necesario, lo que resultó en un cambio favorable en la decisión de los tribunales estadounidenses, que habían dictado fallos adversos en el pasado.
En una entrevista brindada a Radio Mitre, el Procurador del Tesoro subrayó que Estados Unidos había presentado informes como amigo del tribunal que apoyaban la argumentación legal de Argentina en el caso YPF. "Se han presentado doce países, principalmente EE.UU., como amigos del tribunal. Todos esos informes fueron a favor de la posición argentina", enfatizó Amerio, quien considera que este apoyo fue un factor determinante en la resolución del litigio.
La diferencia en la gestión actual respecto a administraciones anteriores, según el funcionario, radica en un enfoque más integral y coordinado. Amerio comentó que se trabajó de manera distinta, no solo en el ámbito legal, sino también desde una perspectiva multifocal, con una gran unidad entre los funcionarios involucrados. Este esfuerzo fue parte de una estrategia más amplia que se inició desde el comienzo del mandato de Milei, lo que permitió avanzar en una cuestión que había generado tensiones durante años.
El contexto del litigio se remonta a 2012, cuando se llevó a cabo la expropiación de YPF, dando lugar a un conflicto internacional que se extendió por más de una década y que tuvo implicaciones en diferentes gobiernos argentinos. Durante la administración de Alberto Fernández, Argentina enfrentó un fallo desfavorable de la jueza Preska, que había condenado al país a pagar una suma millonaria. Este antecedente planteó la necesidad urgente de un cambio en la estrategia gubernamental ante el litigio.
Al asumir el nuevo gobierno el 11 de diciembre de 2023, el presidente Milei priorizó la creación de un equipo especializado en el caso YPF. Este grupo estaba compuesto por la secretaria legal y técnica, María Ibarzabal, el canciller Pablo Quirno, el embajador argentino en EE.UU., Alex Oxenford, y los subprocuradores Juan Stampalia, Pablo Comadira y Santiago Castro Videla. Juntos, desarrollaron una estrategia proactiva y coordinada para enfrentar el proceso judicial, lo que permitió resistir las presiones para llegar a un acuerdo desfavorable.
Amerio concluyó su análisis destacando la importancia del esfuerzo conjunto desde el primer día, trabajando mancomunadamente con el personal de Cancillería y los equipos técnicos de las diferentes áreas involucradas. Este enfoque, según el Procurador, fue crucial para lograr una resolución que no solo beneficia a la economía argentina, sino que también fortalece la imagen del país en el ámbito internacional.
