La educación fue definida como un bien público y, por esa condición, no debería quedar subordinada a los intereses de un sector. La afirmación pertenece a Francisco Delich, exrector de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de Córdoba, quien la formuló en un artículo de opinión publicado en 2006, durante el debate por la Ley Nacional de Educación que reemplazaría a la Ley Federal.
Según recuerda el planteo, el entonces secretario de Educación, Juan Carlos Tedesco, se comunicó con Delich después de leer la columna y le anticipó que esa idea sería incorporada como uno de los primeros artículos del proyecto que el Poder Ejecutivo enviaría al Congreso. La propuesta finalmente quedó plasmada en el artículo 2 de la Ley 26.206, que establece que la educación es un “bien público”.
La anécdota recupera el aporte de dos figuras vinculadas con la historia educativa argentina, Delich y Tedesco, ambos fallecidos, y permite poner en discusión una definición que continúa vigente: la educación debe ser una política de Estado. Aunque esa premisa aparece en las leyes, en los discursos políticos y en las promesas electorales, su aplicación no siempre se corresponde con esas declaraciones.
La existencia de un marco legal constituye un punto de partida relevante. La Ley 1420, sancionada en 1884, es presentada como una de las normas más exitosas del siglo XX en la Argentina. Sin embargo, el diagnóstico sostiene que durante las últimas tres décadas la situación educativa empeoró. En ese sentido, las Pruebas PISA difundidas esta semana dejaron, según el análisis, una señal contundente: el desempeño del país se encuentra por debajo del registrado en el año 2000. La caída, advierte el planteo, no sería un fenómeno reciente, sino el resultado de un proceso sostenido.
