El Gobierno ecuatoriano ha establecido un toque de queda nocturno que comenzará este domingo y se extenderá hasta el 18 de mayo en varias provincias del país, incluyendo la capital, Quito. Esta decisión fue formalizada mediante un decreto ejecutivo que busca contener el aumento de la violencia y la actividad delictiva en el territorio nacional. Las restricciones de circulación se aplicarán de 23:00 a 5:00 horas, y afectarán a las provincias de Guayas, Manabí, Santa Elena, Los Ríos, El Oro, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, Esmeraldas y Sucumbíos, siendo estas dos últimas fronterizas con Colombia.

El decreto, que es el número 370, también se aplicará en ciertos municipios como La Maná en Cotopaxi, Las Naves y Echeandía en Bolívar, así como La Troncal en Cañar. Esta medida ya había sido anticipada por el presidente Daniel Noboa, quien afirmó que el objetivo es "profundizar las acciones operativas" contra las estructuras delictivas que afectan la seguridad del país. Noboa ha enfatizado la necesidad de un enfoque más agresivo para enfrentar a las organizaciones criminales, a las que ha catalogado como "terroristas".

Durante el periodo de toque de queda, las únicas excepciones a la restricción de movimiento serán para el personal de salud, las fuerzas de seguridad y los servicios de gestión de riesgos, emergencias y desastres. Este enfoque busca garantizar que los servicios esenciales puedan operar sin interrupciones, mientras se busca contener el avance de la delincuencia en las calles. La ejecución del decreto recaerá en el Ministerio de Defensa, el Ministerio del Interior, la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, que deberán coordinar acciones con diversas instituciones.

Cabe recordar que Ecuador vive un clima de inseguridad creciente desde la declaración de un estado de "conflicto armado interno" en 2024, una medida que fue adoptada por el presidente Noboa en un intento por intensificar la lucha contra las bandas criminales. A pesar de estas acciones, el país enfrentó un alarmante aumento en las cifras de homicidios, que alcanzaron un récord de aproximadamente 9.300 muertes en 2025, según datos del Ministerio del Interior.

Ecuador ya había experimentado un toque de queda nocturno en marzo, donde las autoridades reportaron más de 1.800 detenciones, muchas de las cuales se debieron a la violación de las restricciones impuestas. Los operativos también resultaron en la incautación de cientos de armas, miles de municiones y la destrucción de pistas clandestinas utilizadas para actividades ilícitas, así como la erradicación de bocaminas dedicadas a la extracción ilegal de minerales. Estos resultados subrayan la complejidad del problema de la seguridad en el país.

La aplicación del toque de queda es solo una de las medidas que el gobierno ha considerado en su esfuerzo por restaurar el orden y la seguridad pública. Sin embargo, los analistas advierten que estas acciones deben ir acompañadas de políticas más amplias que aborden las causas subyacentes de la violencia y la criminalidad. El éxito de estas iniciativas dependerá de la capacidad del gobierno para implementar cambios sostenibles en el ámbito social y económico que contrarresten la influencia de las organizaciones criminales.